En un grave episodio de violencia política registrado en la ciudad de Pasto, Nariño, la defensora de derechos humanos Piedad Lorena Guerrero Coka fue víctima de una agresión física y amenazas de muerte durante un encuentro entre artistas. De acuerdo con la denuncia presentada por la Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de Derechos Humanos de Nariño (Posvdh) y el subgrupo de Mujer, Género y Personas (Oseigd) de la Mesa Territorial de Garantías, los hechos ocurrieron en la calle 17 de la capital nariñense, tras una conversación sobre la coyuntura política y las elecciones presidenciales recién celebradas. Varias mujeres, que previamente habrían manifestado su afinidad con sectores de derecha, rodearon a Guerrero Coka, la golpearon y la arrastraron; una de ellas utilizó una botella, causándole una lesión que se extiende desde la frente hasta la nariz.
Las organizaciones denunciantes señalaron que el ataque no solo dejó secuelas físicas en el rostro de la defensora, sino también graves afectaciones emocionales, y se enmarca en un preocupante contexto de polarización política. La víctima fue agredida precisamente por expresar su postura frente al panorama electoral, lo que encendió las alarmas sobre un presunto aumento de la violencia política en el departamento de Nariño.
Exigencias de justicia y protección
Frente a lo ocurrido, la Posvdh y el Oseigd hicieron un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que active la Unidad Especial de Investigación creada en el marco del Acuerdo Final de Paz, con el objetivo de identificar tanto a las autoras materiales como a las intelectuales de la agresión. Asimismo, solicitaron a la defensora del Pueblo, Iris Marín, que emita un mensaje público que promueva el respeto por la diversidad de opiniones y contribuya a reducir la polarización que, según advierten, se ha intensificado en la región tras los comicios presidenciales.
El caso de Piedad Lorena Guerrero Coka se suma a otras denuncias recientes que evidencian un clima de intolerancia política en el suroccidente colombiano. Las organizaciones de derechos humanos reiteraron su solidaridad con la defensora y anunciaron que harán seguimiento a las actuaciones de las autoridades para evitar que este hecho quede en la impunidad.
