La excandidata vicepresidencial y congresista del Pacto Histórico, Aida Quilcué, lanzó un contundente rechazo al anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien en su tercera alocución como mandatario electo, el pasado 13 de julio de 2026, reveló su plan de suprimir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Comisionado para la Paz y varias consejerías clave en materia de reconciliación y derechos humanos. Quilcué calificó la medida como un golpe directo a los pilares del Acuerdo de Paz y no un simple ajuste institucional, al tiempo que hizo un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para proteger la vida y la paz en Colombia.
El presidente electo De la Espriella, hablando desde la Casa de Nariño, argumentó que su objetivo es lograr una Presidencia «austera, eficiente y orientada a los resultados», así como el «desmonte total del perverso sistema de impunidad». En ese sentido, ordenó la desaparición de dependencias como la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, transfiriendo sus funciones a los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y al Comisionado Nacional de Seguridad. También anunció el fin del Comisionado para la Paz, afirmando que «se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá procesos de falsa paz en mi Gobierno». Como parte de su plan de austeridad, De la Espriella proyecta la eliminación de cerca de 229 cargos de entrada en la Presidencia, con un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales.
Reacciones desde el Pacto Histórico
La senadora electa Isabel Zuleta, también del Pacto Histórico, se sumó a las críticas y calificó la supresión de estas entidades como «un oportunismo muy peligroso para el país». Zuleta señaló que el debate debería incluir a presidentes, legisladores y civiles que aún no han respondido ante la justicia por casos como los falsos positivos y el genocidio contra disidentes. «Estoy de acuerdo con muchos militares que los operadores políticos se lavaron las manos y no hubo juzgamiento para los Presidentes y otros cargos que dieron órdenes que terminaron en una política de Estado», expresó la congresista electa, quien advirtió que el interés real de las reformas no es enfrentar la impunidad, sino «hacer trizas los esfuerzos de paz».
«Acabar con la JEP, la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería para los Derechos Humanos y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final no es un ajuste institucional»
Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial y congresista del Pacto Histórico
Por su parte, Aida Quilcué recordó que la paz es un derecho constitucional cuya protección es deber de todos los gobiernos, y advirtió que eliminar estas entidades pone en riesgo los avances en reconciliación, justicia y derechos humanos logrados en el país. La excandidata vicepresidencial insistió en que la comunidad nacional e internacional debe estar atenta para evitar un retroceso en los procesos de paz. Mientras tanto, el presidente electo De la Espriella, en otra declaración cargada de polémica, afirmó sobre el excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko»: «Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello», una frase que profundiza el debate sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia.
