La Alcaldía de Bogotá, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, objetó por inconstitucionalidad e ilegalidad el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, aprobado por el Concejo de la capital, y lo devolvió para el trámite correspondiente. La concejal Clara Lucía Sandoval es la autora de esta iniciativa, que proponía una ruta de atención para mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer. El comunicado se emitió recientemente y fue dirigido mediante una carta a la Secretaría General del Concejo, sustentado en el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el reglamento interno de esa corporación. La objeción se basa en que el proyecto excede las competencias del Concejo en materia de rutas de atención en salud reproductiva, las cuales están reservadas al Ministerio de Salud.
El proyecto buscaba articular servicios de salud distritales para brindar información y acompañamiento durante la gestación, pero su aprobación generó controversia por el posible impacto en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), despenalizada hasta la semana 24 de gestación según la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. Profamilia rechazó la iniciativa al considerar que pone en riesgo la vida y la salud de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que buscan un aborto seguro, oportuno y sin estigmas.
Rechazo de organizaciones y expertos en salud reproductiva
Desde Profamilia, su CEO Marta Royo enfatizó que esta objeción es crucial porque implica que ninguna autoridad administrativa o política puede establecer requisitos adicionales, trámites innecesarios ni condiciones que obstaculicen, retrasen o limiten el ejercicio del derecho al aborto. Recordó que hace dos años Bogotá avanzó significativamente en la eliminación de barreras para el acceso al aborto mediante el Acuerdo 879 de 2023, emitido por el propio Concejo. Por su parte, la ginecóloga, obstetra y asesora científica de Profamilia, Tatiana Gómez, criticó la imposición de una evaluación psicológica obligatoria, argumentando que no protege a las personas sino que crea barreras adicionales para un servicio de salud y un derecho fundamental que debe prestarse de manera oportuna por mandato constitucional.
“No existe evidencia que justifique evaluar psicológicamente o psiquiátricamente a todas las personas que solicitan un aborto. Tomar esta decisión no es un indicador de enfermedad mental”
Tatiana Gómez, ginecóloga, obstetra y asesora científica de Profamilia
Gómez añadió que el acompañamiento psicológico debe estar disponible para quien lo necesite o solicite, pero no como un filtro de acceso, ya que el sistema de salud debe garantizar atención sin juicios ni demoras, sin condiciones adicionales. En defensa del proyecto, desde el Concejo se argumenta que se limita a un acompañamiento psicosocial y orientación distrital, ajustado a la Sentencia C-055 de 2022, sin crear rutas integrales de aborto seguro (RIAS) ni modificar las Resoluciones 3202 de 2016 y 3280 de 2018 del Ministerio de Salud, ni alterar el Plan de Beneficios en Salud.
“pone en grave riesgo la vida y la salud de mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que requieren acceder a un aborto seguro, oportuno y sin estigmas”
Marta Royo, CEO de Profamilia
Este episodio reaviva el debate sobre el equilibrio entre el apoyo a la gestación y la garantía de derechos reproductivos en Bogotá, en un contexto donde el Acuerdo 879 de 2023 ya había consolidado avances en la eliminación de obstáculos al IVE, destacando la tensión entre iniciativas locales y las competencias nacionales en salud.
