La Alcaldía de Bogotá, a través de su Secretaría de Gobierno liderada por Gustavo Quintero, se prepara para modificar el protocolo de intervención en protestas sociales ante el incremento de disturbios que involucran explosivos cada vez más sofisticados, los cuales han dañado el transporte público y el mobiliario urbano en la capital. Este borrador normativo se presentará en el primer semestre de 2026, en un proceso legislativo que trasciende el ámbito distrital, con el objetivo de equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos y los manifestantes, priorizando la salvaguarda de la infraestructura esencial.
En 2025 se registraron 1.678 movilizaciones en Bogotá, lo que representa un aumento del 20 por ciento respecto a las 1.394 del año anterior, de las cuales el 95,35 por ciento transcurrieron de manera pacífica. Sin embargo, las acciones violentas han escalado, con al menos 12 incidentes terroristas atribuidos a grupos organizados durante 2024 y 2025, incluyendo disturbios en entornos universitarios que no cuentan con el respaldo comunitario educativo y generan un rechazo creciente de la comunidad académica. Estos eventos han evidenciado un cambio en el modus operandi, con explosivos caseros más avanzados que afectan directamente la seguridad ciudadana.
El rol de la delincuencia organizada en los disturbios
Recientemente, en diciembre de 2024, once encapuchados pertenecientes al grupo conocido como «los Nadie o los Arruera», una banda de delincuencia organizada, fueron capturados y judicializados por ataques con explosivos contra la Policía, quema de vehículos de transporte público y daños en instalaciones universitarias. A ellos se les imputan delitos graves como concierto para delinquir, terrorismo, incendio, daño en bien ajeno, empleo o lanzamiento de sustancias peligrosas y perturbación en el servicio de transporte público. Estos hechos subrayan la necesidad de actualizar el marco legal vigente, establecido por el Decreto 003 de 2021 durante los gobiernos de Iván Duque y Claudia López, y avalado por la Corte Suprema de Justicia, que prioriza el diálogo y reserva la fuerza proporcional como último recurso.
“Hay un desequilibrio y tenemos que hacer valer los derechos de ambos (ciudadanos y manifestantes). Lo que queremos hacer en nuestra normativa, es para que el transporte público sea protegido. Que no pueda haber afectación sobre este y que tengamos las herramientas para cuidarlo”
Gustavo Quintero, Secretario de Gobierno de Bogotá
La modificación propuesta busca dotar a las autoridades de herramientas efectivas para proteger bienes públicos, la seguridad ciudadana y la infraestructura clave, en un contexto donde los disturbios universitarios no son liderados necesariamente por estudiantes. Este cambio normativo requerirá un amplio debate legislativo con la participación de diversas instancias, respondiendo al aumento en la sofisticación de los explosivos y garantizando que las protestas no se conviertan en focos de vandalismo organizado.
