El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó este domingo 14 de diciembre de 2025 una carta firmada por 31 congresistas progresistas, entre ellos el aspirante a la presidencia por el Pacto Histórico Iván Cepeda Castro, quienes exigen la liberación de 11 jóvenes arrestados y acusados de terrorismo en el marco de las movilizaciones recientes en la capital. La misiva, elaborada el 1 de diciembre por la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad del Congreso, reclama respeto a los derechos procesales y denuncia la criminalización de la juventud, alegando hostigamientos, señalamientos y persecución enmarcados en el derecho a la protesta y la organización social.
Galán, en una rueda de prensa, enfatizó que las acciones de estos jóvenes, vinculados al grupo autodenominado ‘PPP’, no constituyen manifestaciones sino actos de violencia y terrorismo. La investigación, liderada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación durante más de dos años, ha sido metódica, juiciosa y rigurosa, con el aval de dos jueces de la República que ordenaron las capturas, legalizaron los arrestos, tramitaron la imputación de cargos y determinaron la medida de aseguramiento carcelario por la solidez de las evidencias recopiladas en Bogotá.
Polémica por la judicialización de la protesta social
El pronunciamiento del alcalde surge en medio de un desacuerdo entre la visión de los congresistas, que ven en los arrestos una estigmatización de estudiantes y una condena de la impunidad contraria a las directivas de la Fiscal General de la Nación, y la solidez de un proceso judicial que busca evitar que quede en la impunidad quienes ponen en riesgo la vida de ciudadanos en el transporte público y las vías bogotanas. Iván Cepeda Castro, quien se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico el 26 de octubre, figura entre los firmantes que manifiestan preocupación por la supuesta criminalización de la juventud durante las recientes movilizaciones.
“Eso no es manifestación”
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Galán instruyó a la Secretaría de Seguridad y a la Policía identificar a todos los responsables de estos hechos para llevarlos ante la justicia, rechazando cualquier intento de equiparar la violencia con el derecho a la protesta. “Yo creo que no tienen conocimiento esos congresistas de lo que ha sido el proceso de investigación en ese caso. Es un proceso de investigación de más de dos años, metódico, juicioso, riguroso. Ya hay dos jueces de la República que han revisado el caso y en primera instancia se ordenó la orden de captura y luego se legalizaron las capturas, se tramitó la imputación y se determinó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por cuenta de la solidez que tiene ese proceso”, argumentó el mandatario.
“Eso no tiene absolutamente nada que ver con protesta. Eso no es manifestación, eso no es protesta, eso es violencia, es terrorismo, es concierto para delinquir”
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
“En Bogotá no vamos a permitir que quienes actúan con violencia, con terrorismo, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que se movilizan en transporte público o en los vehículos en las vías de Bogotá, queden en la impunidad. Eso no va a pasar y la instrucción que yo le he dado a la Secretaría de Seguridad y el trabajo con la policía es que logremos identificar a todos los responsables de esos hechos y los llevemos ante la justicia”
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
“Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que en el supuesto de garantizar la legalidad en desarrollo de los hechos ocurridos, la fiscalía no busque evitar la estigmatización de los estudiantes y la no repetición, sino avanzar en la condena de la impunidad que se desprende de los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación”
Parlamentarios firmantes, Comisión Accidental del Congreso
Esta controversia pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo local y sectores progresistas del Congreso respecto a la línea entre protesta social y acciones delictivas, en un contexto donde el alcalde prioriza la seguridad ciudadana y el avance judicial contra la impunidad.
