Las normas jurídicas vigentes evidencian una evolución en la forma en que la población colombiana observa y se relaciona con los animales.
Conocerlas y hacerlas efectivas resulta esencial para construir una sociedad basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad como fundamentos de la convivencia.
En Colombia, los animales dejaron de ser tratados como meros objetos para convertirse en seres sintientes protegidos por el Estado y la sociedad, lo que representa un avance jurídico y un paso clave hacia una cultura más empática y consciente del valor de todas las formas de vida.
La pieza gráfica asociada ilustra las leyes que protegen a los animales.
El reconocimiento comenzó con la Ley 84 de 1989, que dio origen al Estatuto Nacional de Protección de los Animales y estableció que los animales deben ser protegidos del dolor y el sufrimiento, marcando el inicio de una legislación enfocada en su bienestar.
Años después, la Ley 1774 de 2016 consolidó un cambio trascendental al declarar formalmente que los animales no son cosas, sino seres sintientes. Esta norma introdujo tres principios fundamentales: protección, bienestar y solidaridad, pilares que hoy guían las políticas públicas en materia animal.
La normativa colombiana también ha incorporado conceptos clave para garantizar una vida digna a los animales, entre ellos las cinco libertades básicas:
- Vivir sin hambre ni sed
- Vivir sin incomodidad
- Vivir sin dolor ni enfermedad
- Vivir sin miedo ni estrés
- Con la posibilidad de expresar su comportamiento natural
A través del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), se incluyó un título especial sobre la relación entre las personas y los animales, con el fin de regular comportamientos que puedan afectar su integridad y sancionar actos de maltrato o crueldad.
Posteriormente, la Ley 2054 de 2020 reforzó la lucha contra el abandono y la tenencia irresponsable, buscando prevenir las consecuencias del maltrato y promover prácticas de cuidado y adopción responsable.
En los últimos años, Colombia ha dado un nuevo salto con la aprobación de la Ley 2455 de 2025, conocida como la Ley Ángel, que actualiza el Estatuto de 1989. Esta norma fortalece los mecanismos de prevención, sanción y atención efectiva frente a la violencia animal, promoviendo una respuesta más ágil de las autoridades y una mayor conciencia ciudadana frente a los derechos de los animales (nombre popular para la Ley 2455 de 2025).
A su vez, la Ley 2454 de 2025 establece una transición hacia un modelo libre de explotación en el ámbito de la seguridad privada, impulsando alternativas tecnológicas y garantizando el bienestar de los perros utilizados en labores de vigilancia.
