La Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) encendió las alarmas el pasado 26 de agosto al advertir sobre el grave riesgo de interrupción de tratamientos psiquiátricos esenciales, una situación que se ha visto agravada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. En un comunicado público, la entidad señaló que la escasez de medicamentos como antidepresivos, antipsicóticos y, de manera particular, la clozapina, pone en peligro la estabilidad de miles de pacientes en todo el país. La alerta se produce apenas ocho días después de que la Defensoría del Pueblo, en un recorrido de verificación humanitaria realizado el 18 de agosto, detectara problemas críticos de abastecimiento en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores en el departamento de Caldas.
Un problema previo que explota con la emergencia
El terremoto del 10 de agosto, que dejó cientos de personas fallecidas y desaparecidas, interrumpió las cadenas de suministro en zonas ya afectadas por dificultades de acceso a medicamentos psiquiátricos. Según la ACP, antes del sismo ya existían problemas para conseguir antidepresivos y antipsicóticos en Bogotá y otras ciudades del país, una situación que la emergencia ha profundizado. En Caldas, la Defensoría reportó faltantes específicos de risperidona, quetiapina y escitalopram, tres fármacos clave para el manejo de trastornos mentales graves. La Defensoría solicitó a las EPS e IPS del departamento medidas inmediatas para garantizar la entrega de estos medicamentos y eliminar las barreras administrativas que dificultan el acceso.
«La no disponibilidad de clozapina resulta especialmente preocupante, debido a que su interrupción puede asociarse con recaídas tempranas y otros desenlaces negativos en pacientes con resistencia al tratamiento», advirtió la Asociación Colombiana de Psiquiatría en su comunicado del 26 de agosto.
Asociación Colombiana de Psiquiatría, comunicado oficial
La clozapina es un antipsicótico de última línea, utilizado en pacientes que no responden a otros tratamientos, y su falta puede desencadenar crisis severas. La ACP hizo un llamado a todos los actores involucrados en el suministro para que vigilen de manera oportuna el proceso y trabajen en la identificación y solución de los puntos que puedan obstaculizar su adecuada disponibilidad. La emergencia ha obligado a las autoridades a realizar recorridos para identificar necesidades prioritarias, entre las que la salud mental ocupa un lugar central.
Articulación para evitar una catástrofe silenciosa
La Defensoría del Pueblo articuló acciones con las asociaciones médicas de Caldas para gestionar donaciones de medicamentos e insumos psiquiátricos que están llegando a los albergues. Sin embargo, la magnitud del desabastecimiento requiere una respuesta coordinada y sostenida. La ACP, por su parte, anunció que continuará monitoreando la situación y las acciones en las que pueda contribuir, en un contexto donde el problema de desabastecimiento no nació con el terremoto sino que se agravó en medio de la catástrofe. Mientras los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes y las comunidades intentan reconstruir sus vidas, la salud mental de los afectados —tanto de quienes ya estaban en tratamiento como de quienes sufren el trauma del sismo— se ha convertido en una emergencia dentro de la emergencia.
