La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió una alerta temprana estructural que advierte sobre un riesgo alto para la población civil en 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar, debido a la disputa territorial entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca, y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes Clan del Golfo. La alerta, fechada el 2 de diciembre de 2025 y difundida por Marín este martes 22 de septiembre a través de su cuenta de X, surge tras un operativo del lunes 21 de septiembre en el que las autoridades abatieron a José Luis Pérez Villanueva, alias «Cholo», segundo cabecilla y financiero de las ACSN, junto a otros siete integrantes del grupo.
En su mensaje en la red social, la defensora etiquetó a la Presidencia y al Ministerio del Interior, y señaló que la alerta se refiere a la situación de riesgo estructural en varios municipios del Magdalena y La Guajira, bajo fuerte influencia de los Pachencas y en algunas zonas en disputa con el EGC. El documento, identificado como AT PP-P01-F10, contiene 38 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Estado para activar medidas de prevención temprana y urgente, y detalla cinco dinámicas de violencia que coexisten en la región: el control hegemónico de las ACSN en las vertientes norte y occidental; la pretensión de consolidación del EGC en las vertientes occidental y suroriental; la disputa abierta entre ambos grupos; la coexistencia forzada en zonas portuarias; y el tránsito circunstancial del EGC.
Dinámicas de violencia y poblaciones en riesgo
La alerta advierte que la confrontación armada pone en grave peligro a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. En la región habitan 236.258 personas afrodescendientes, que representan el 12% de la población total, y se estima una población campesina de 244.174 personas. Diez pueblos indígenas están en riesgo: Kággaba, Iku, Wiwa, Kankuamo, Taganga, Ette Ennaka, Wayúu, Zenú, Yukpa e Inga. El confinamiento ya se ha documentado: en mayo de 2024, cinco comunidades Kogui en Palmor, municipio de Ciénaga, fueron confinadas, con aproximadamente 1.335 personas afectadas.
Las cifras de violencia son alarmantes. En Zona Bananera (Magdalena), la tasa de homicidios alcanzó 97 por cada 100.000 habitantes en 2023, 89 en 2024 y 88 en lo corrido de 2025 hasta septiembre, muy por encima de la tasa nacional de 26 para esos años. El coeficiente Gini de tierra en ese municipio es de 0,82, lo que significa que el 80% de la tierra está en manos del 20% de los propietarios. En la vertiente suroriental, en Pueblo Bello, más del 65% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, cifra que asciende al 86% en las zonas rurales.
Los grupos armados han impuesto sistemas de cobro ilegales. Las ACSN en la vertiente norte cobran 2.000 pesos por hectárea cultivada, por cabeza de ganado o por kilo de cacao, además del 10% en transacciones de predios. El EGC, por su parte, exige en Zona Bananera una cuota por cada caja de guineo exportada y un pago inicial de 10.000.000 de pesos a los productores.
«A propósito de los hechos recientes en la Sierra Nevada de Santa Marta: Comparto la información de la Alerta Temprana 20 de 2025, que se refiere a las situación de riesgo estructural de varios municipios de Magdalena y la Guajira, bajo fuerte influencia de los Pachencas, autodenominados ‘Conquistadores de la Sierra’, y en algunas zonas en disputa con el Clan del Golfo (‘EGC’)».
Iris Marín, defensora del Pueblo, en su cuenta de X
Contexto de paz total y repertorios de violencia
El operativo que abatió a alias Cholo fue el detonante para la difusión de la alerta, pero la situación estructural viene de lejos. Las ACSN son el resultado de una cadena de mutaciones desde las Autodefensas de El Mamey, surgidas en 1986. El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 294 de 2025, reconoció la autodenominación del Clan del Golfo como EGC, y el Ministerio de Defensa catalogó a las ACSN como Grupo Armado Organizado (GAO) el 8 de agosto de 2025. En el marco de la política de Paz Total, se decretaron ceses al fuego con el EGC (del 1 de enero al 19 de marzo de 2023) y con las ACSN (del 1 de enero al 30 de junio de 2023), pero estos no detuvieron la confrontación entre los grupos. Los acuerdos de Doha del 18 de septiembre de 2025 con el EGC no mencionan la Sierra Nevada, y el proceso con las ACSN estaba en fase preliminar al momento de la alerta.
El EGC opera en la región a través del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca, con al menos cuatro frentes activos. Una nueva subestructura, el Frente Ferney Antonio López Polo, apareció el 28 de marzo de 2025 en San Martín, sur del Cesar. Los repertorios de violencia documentados por la Defensoría incluyen castigos filmados y difundidos en redes sociales como Facebook, a través de perfiles como «Chester Noticias» y «York de la Calle», además de reclutamiento de menores, desplazamientos, confinamientos y uso de drones con explosivos. Liderazgos sociales han señalado la ausencia de mecanismos de participación para organizaciones comunitarias y autoridades étnico-territoriales en los procesos de paz, lo que agrava la vulnerabilidad de las comunidades frente a la disputa armada.
