La Red de Veedurías de Colombia, liderada por su presidente Pablo Bustos, lanzó una alerta sobre graves riesgos sanitarios derivados de la implementación acelerada de un modelo de operador único en la atención de salud para las cárceles del país, que quedaría a cargo de Nueva EPS. La organización solicitó de manera urgente la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para evaluar estos peligros y garantizar una transición adecuada en la prestación de servicios a unas 106.000 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Colombia. Esta petición se formalizó mediante comunicaciones enviadas el pasado 5 de febrero, acompañada de una alerta pública emitida el lunes 9 de febrero de 2026.
La preocupación surge ante la ausencia de estudios técnicos, jurídicos y financieros que respalden el cambio, así como la falta de un plan de transición claro, en un contexto de crisis financiera y operativa de Nueva EPS. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud aprobó recientemente este modelo de operador único nacional, propuesto por el Ministerio de Salud, lo que implica la terminación anticipada de contratos vigentes con la fiducia mercantil firmada en 2025 con Fiduprevisora S.A., encargada hasta ahora de coordinar prestadores nacionales bajo la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). La transición se pretende realizar en menos de dos meses, lo que agrava los temores de interrupciones en servicios esenciales.
Riesgos identificados en la salud penitenciaria
Entre los principales peligros destacados por la Red de Veedurías se encuentran la posible interrupción de servicios vitales, la vulneración de derechos fundamentales a la salud y a la vida, sobrecostos fiscales para el Estado, e irregularidades disciplinarias y penales. Tanto el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) como representantes de los reclusos han expresado escepticismo sobre la capacidad de Nueva EPS para manejar los complejos contextos penitenciarios, dada su situación actual. Pablo Bustos enfatizó la necesidad de una revisión exhaustiva por parte de las entidades de control para evitar consecuencias irreversibles en la población carcelaria.
Este llamado cobra mayor relevancia recordando que la Corte Constitucional ha reforzado la obligación estatal de garantizar la atención en salud como un derecho fundamental de aplicación inmediata en los centros de reclusión, subrayando la responsabilidad del Gobierno en la protección de esta población vulnerable.
