Organizaciones sociales de Antioquia han lanzado una alerta urgente sobre el riesgo de infiltración de grupos armados ilegales en las elecciones de Juntas de Acción Comunal programadas para el 26 de abril de 2026. Líderes como César Mendoza, defensor de la Fundación Sumapaz, advierten que estos grupos buscan incidir en los comicios mediante personas infiltradas en las comunidades, especialmente en zonas de alto riesgo como el Nordeste, Suroeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio, con el fin de colocar candidatos o líderes afines que les permitan mantener el control e influencia territorial.
Esta preocupación se agudiza ante la ola de violencia que ha cobrado la vida de ocho líderes sociales en Antioquia durante lo corrido de 2026, incluyendo cuatro homicidios en menos de un mes en municipios como Nechí, Andes y Segovia. Los defensores de derechos humanos exigen mayores garantías y protocolos de protección para los líderes comunales, destacando la indefensión en la que se encuentran ante la ausencia de políticas estatales claras de prevención.
Asesinatos recientes intensifican las temores
Entre los casos más impactantes figuran el de Wilmer Benítez, quien fue torturado y lanzado al río Cauca, Adriana Naranjo en Andes, y dos hombres en la zona rural de Segovia abatidos por un explosivo lanzado mediante dron. Estos hechos ocurren en un contexto clave previo a las elecciones comunales, que son fundamentales para la organización social y la autonomía de las comunidades, y podrían ser manipulados por los grupos armados para perpetuar su dominio.
“El Estado, y particularmente el Gobierno nacional, no tiene una política clara definida para el tema de prevención y protección a la labor de los líderes comunales. Desde la Fundación Sumapaz es un Estado y un llamado a la prevención, porque nos preocupa porque hay un Estado de indefensión de los líderes y lideresas sociales”
César Mendoza, defensor de la Fundación Sumapaz
Las autoridades planean reforzar la presencia de la Fuerza Pública en estas zonas para salvaguardar el proceso electoral, en el que cada mesa de votación contará con seis jurados. Defensores de derechos humanos insisten en la intervención inmediata del Estado para implementar medidas de prevención efectivas y proteger la integridad de los líderes sociales, garantizando así unas elecciones transparentes y democráticas.
