En una audiencia que duró apenas 45 minutos, celebrada el pasado martes 15 de septiembre en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, el empresario colombiano Alex Saab Morán firmó un acuerdo de cooperación con la justicia de Estados Unidos. En el documento, Saab aceptó su responsabilidad en movimientos de dinero vinculados al programa de alimentos subsidiados conocido como cajas CLAP y a operaciones petroleras de Venezuela. Según el acuerdo, el exministro de Industria durante el gobierno de Nicolás Maduro se comprometió a declarar contra integrantes del Ejecutivo venezolano, funcionarios, contratistas y posibles enlaces en Colombia. La investigación, que abarca sobornos a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, alias “los Chamos”— para acceder a terrenos en el estado Vargas, contratos irregulares de las cajas CLAP, movimientos de PDVSA, salidas ilegales de oro y bienes en Europa, tiene su sentencia fijada para el 20 de enero de 2027 a las 2:00 p.m. hora local.
Saab fue capturado en Cabo Verde en 2019 por una acusación de lavado de activos, extraditado a Estados Unidos y luego liberado tras un perdón concedido por el gobierno de Joe Biden en diciembre de 2023, luego de negociaciones con el gobierno de Maduro en Catar. Ahora, el acuerdo de cooperación podría reducir su condena. La acusación se deriva específicamente de la comercialización de alimentos para las cajas CLAP, un programa que distribuía productos deteriorados y con sobreprecios, y de ventas de petróleo de PDVSA realizadas de manera irregular. Las autoridades estadounidenses rastrean una red de compañías, entre ellas Group Grand Limited y Colven Business Corp., a través de las cuales se habrían canalizado los sobornos y las transacciones internacionales. En el centro del caso también figuran Shadi Nain Saab, hijo mayor de Alex Saab, quien aparece como titular de cuentas en Suiza, integrante del consejo de Safire y director de Group Grand Limited; Carlos Erica Malpica Flores, primo de Maduro; y Gregorio Grau, hermano de Manel Grau.
Las cifras del acuerdo y los bienes incautados
Como parte de la negociación, Saab ofreció inicialmente 195 millones de dólares para cubrir mediante bienes en Venezuela y Europa. Entre los activos identificados figura un apartamento en la exclusiva vía Condotti de Roma, tasado en casi 5 millones de euros, vinculado a Camilla Fabri, segunda esposa de Saab. También se encontraron 120 kilos de oro depositados a nombre de Fabri en un banco suizo. La audiencia de aceptación de responsabilidad duró apenas 45 minutos, pero las implicaciones son vastas. Las autoridades estadounidenses rastrean conexiones con Colombia, incluyendo contratos petroleros de PDVSA en la cuenca Apure-Barinas, nexos con Colven Business Corp., Monómeros y Ecopetrol, además de salidas ilegales de oro. Del lado colombiano, según una fuente conocedora de las gestiones citada por el diario El Tiempo, el trámite lo hizo un político del departamento de Sucre, de donde es Verónica Alcocer, quien contactó a un empresario venezolano de apellido Jiménez.
“Del lado colombiano el trámite lo hizo un político del departamento de Sucre, de donde es Verónica Alcocer, quien contactó a un empresario venezolano de apellido Jiménez”
Fuente conocedora de las gestiones, citada por El Tiempo
Una persona cercana al empresario señaló que en Venezuela descartan que testifique contra Maduro, aunque consideran que podría hacerlo contra los hijos de Cilia Flores. Saab podría declarar también contra militares venezolanos involucrados en movimientos de oro, y se definen activos decomisables en Italia, Suiza, Turquía, Rusia e Irán. La investigación también ha revelado que edificios cercanos al aeropuerto de Maiquetía habrían funcionado como centros de acopio de lingotes de oro enviados en vuelos chárter. Saab fue trasladado desde Venezuela en mayo de 2025 al aeropuerto de Opa-locka en Miami por agentes de la DEA. El caso sigue generando repercusiones en la geopolítica regional, mientras Estados Unidos profundiza su lucha contra la corrupción vinculada al gobierno de Maduro y a la red empresarial que operaba detrás de las cajas CLAP y las operaciones petroleras venezolanas.
