Alex Saab se declaró no culpable ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, en un giro procesal que llevó a la cancelación de la audiencia que estaba programada para el 24 de julio de 2026. La defensa del empresario colombiano, encabezada por los abogados Neil M. Schuster y Joseph M. Schuster, solicitó que se eximiera a su cliente de comparecer físicamente, petición que fue aceptada por el tribunal, que además anuló tanto la audiencia como el reporte de los abogados. La notificación quedó registrada en mayo de 2026, poco después de que Saab regresara a la custodia de Estados Unidos, reactivando así un expediente que parecía cerrado tras su liberación en diciembre de 2023.
Los cargos que enfrenta Saab están relacionados con un presunto esquema de lavado de dinero que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, movió más de 350 millones de dólares a través de operaciones financieras ilícitas. La acusación detalla que el empresario participó en una red de transacciones vinculadas a contratos de importación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela, así como a negocios de vivienda, oro y petróleo. En particular, se señala que el Fondo Global de Construcción recibió cerca de 159 millones de dólares entre 2012 y 2013 para importar kits de vivienda, mientras que los contratos para el suministro de maíz, trigo, arroz y soya a Venezuela habrían alcanzado los 125 millones de dólares. Documentos internos de Pdvsa de 2022 revelaron que 19 empresas relacionadas con Saab y su socio Álvaro Pulido acumularon deudas cercanas a los 1.500 millones de dólares.
Un historial de fugas y acuerdos
El caso de Alex Saab ha estado marcado por vaivenes diplomáticos y judiciales desde su detención en Cabo Verde en junio de 2020, que derivó en su extradición a Estados Unidos en octubre de 2021. En diciembre de 2023, el presidente Joe Biden le concedió un indulto condicional como parte de un intercambio diplomático con Venezuela que permitió la liberación de diez estadounidenses, presos políticos venezolanos y un fugitivo. Tras regresar a Venezuela, Saab asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversiones Productivas en enero de 2024 y luego fue nombrado ministro de Industria en octubre de ese mismo año, cargo que ocupó hasta el 17 de enero de 2026, cuando su cartera se fusionó con la de Comercio. Sin embargo, en mayo de 2026 el gobierno venezolano anunció su deportación a Estados Unidos, reactivando el proceso judicial. La declaración de no culpabilidad presentada ahora no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso ni sobre la responsabilidad penal de Saab, pero sí marca un nuevo capítulo en un largo proceso que incluye el antecedente de que Saab no cumplió su compromiso de comparecer ante la justicia estadounidense en mayo de 2019, tras haber colaborado con la DEA un año antes, cuando entregó más de 10 millones de dólares a la agencia antinarcóticos.
