La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), conformada por 33 organizaciones empresariales, exigió que el aumento del salario mínimo para 2026 se defina con estricto apego a la ley, soporte técnico sólido y una negociación tripartita seria, transparente y responsable en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de Colombia. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), respaldó esta posición, enfatizando la necesidad de criterios técnicos basados en datos verificables como inflación, productividad, PIB, empleo, informalidad y capacidad de pago de las empresas, para equilibrar la protección del ingreso de los trabajadores con la estabilidad económica, el control de la inflación, la generación de empleo y la sostenibilidad fiscal.
La mesa de negociación se instalará formalmente el 1 de diciembre, con un plazo inicial hasta el 15 de diciembre, sesiones extraordinarias a partir del 19 de diciembre y un límite máximo del 30 de diciembre. Este proceso responde a la propuesta inicial del Gobierno Nacional de un aumento del 11 por ciento, que elevaría el salario mínimo mensual cercano a los 1.580.085 pesos, respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que exige no inferior al 11 por ciento y un salario vital superior a los 2.000.000 pesos. En contraste, Fedesarrollo recomienda entre el 6 y el 7 por ciento, considerando la inflación anualizada del 5,51 por ciento, mientras que el aumento del 2025, del 9,53 por ciento, benefició a más de tres millones de trabajadores.
Contexto de tensiones en la concertación
El debate se enmarca en un contexto de tensiones, donde Fenalco se retiró de la mesa de concertación calificando la propuesta gubernamental como “populista”, lo que obliga a definir reglas claras desde la instalación formal de la mesa. Aliadas se comprometió con el mandato constitucional de una remuneración mínima vital y móvil, insistiendo en que la discusión debe ponderar la justicia social y la estabilidad económica a partir de diagnósticos honestos, ya que el resultado afectará los ingresos de millones de trabajadores, la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y la estabilidad macroeconómica del país.
«No puede ser una decisión unilateral ni mediática, sino un proceso institucional con reglas claras y responsabilidad frente al país».
Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas)
«con estricto apego a la ley, soporte técnico sólido y una negociación tripartita seria, transparente y responsable».
Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas)
Esta exigencia subraya la importancia de un diálogo real entre gobierno, trabajadores y empresarios para evitar impactos negativos en la economía, promoviendo un aumento que impulse la competitividad sin comprometer el poder adquisitivo de los trabajadores ni la sostenibilidad de las empresas colombianas.
