En un intenso combate ocurrido en la vereda La Arenosa, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, las tropas del Ejército Nacional dieron de baja a alias Maikol, cabecilla de finanzas del frente 57 del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, bajo el mando de Iván Mordisco. El enfrentamiento, que se extendió por dos días y culminó en la tarde del 11 de diciembre, formó parte del plan de campaña Ayacucho Plus, impulsado por los lineamientos del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para contrarrestar a los grupos armados organizados sin intención de suscribir procesos de paz.
Durante la operación, las Fuerzas Militares neutralizaron también a dos disidentes más, sumando tres bajas en total, e incautaron dos armas cortas y una granada de mano, debilitando significativamente las capacidades operativas del grupo en la región. Alias Maikol, según informes de inteligencia, era responsable directo de homicidios selectivos por incumplimiento en el pago de extorsiones, lo que evidencia su rol clave en las actividades criminales del frente 57.
Golpe consecutivo a las estructuras financieras del EMC
Esta acción se enmarca en la ofensiva sostenida contra las disidencias del EMC de Iván Mordisco y se suma a la reciente baja de alias Veneno, líder financiero de la misma estructura, abatido en la última semana de noviembre. Alias Veneno coordinaba las finanzas ilícitas, la capacitación en el uso de drones para explosivos, el reclutamiento forzado y la logística de operaciones, por lo que su eliminación, junto con la de Maikol, representa un duro impacto en el mando, control, finanzas y proyección operativa del frente 57 en Tuluá y zonas aledañas.
«El sujeto tenía además vigentes requerimientos judiciales por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, lo que evidencia su rol dentro de la estructura criminal.»
Informe de las Fuerzas Militares
Los operativos continúan con el objetivo de neutralizar las estructuras residuales que atentan contra la seguridad de las comunidades rurales, fortaleciendo la presencia estatal y protegiendo a la población civil de las amenazas de estos grupos armados ilegales.
