La lujosa mansión ubicada en Lagos de Caujaral, un exclusivo condominio entre Barranquilla y Puerto Colombia, fue allanada por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro del Interior Armando Benedetti y a una red de asociados. En la operación, se mencionan como vinculados a la propiedad a Adelina Guerrero Covo, esposa de Benedetti; al empresario colombiano-venezolano Alex Saab, antiguo propietario; y a Ricardo Leyva Páez, empresario y representante legal de Ave Fénix Entretenimiento S.A.S, según lo informado por medios y fuentes judiciales consultadas.
La actuación judicial se enmarca en una investigación cuyo objetivo es esclarecer posibles orígenes de recursos y vínculos con enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La fecha exacta del allanamiento no fue especificada en el material disponible, pero la acción se ha vuelto noticia por las dudas que emergen sobre la procedencia de los fondos y las operaciones inmobiliarias asociadas a Benedetti, así como por las conexiones con Saab y otras sociedades vinculadas al sector cultural y de entretenimiento.
Contexto y detalles del caso
El entorno de Lagos de Caujaral, descrito como un club exclusivo con un campo de golf de 18 hoyos, varias piscinas, canchas de tenis y una oferta gastronómica, ha sido escenario de distintas operaciones inmobiliarias que ahora se revisan bajo una lupa judicial. El historial de Benedetti en relación con bienes en la región se remite a antecedentes publicados por El Tiempo en julio de 2021, cuando se reportó la compra de otra residencia en Pradomar, Puerto Colombia, a nombre de Adelina Guerrero Covo y con diferencias entre lo declarado y lo vendido, lo que añade capas de controversia a la situación actual. En el complejo conjunto de hechos, destacan también las circunstancias de leasing y cesiones de contrato en operaciones inmobiliarias relacionadas con Benedetti, y la relación de estas operaciones con entidades financieras como Scotiabank Colpatria, en una posible dación en pago ocurrida en 2011.
Entre los datos financieros relevantes, el patrimonio declarado por Benedetti para 2025 asciende a 3.000 millones de pesos, con una deuda de 1.000 millones, lo que representa aproximadamente el 30% de sus activos declarados. En tanto, el valor de las viviendas en Lagos de Caujaral, según El Colombiano, oscila entre 2.500 y 15.000 millones de pesos, mientras que el valor estimado real del inmueble, según el abogado Camilo Enciso, excede los 12.000 millones de pesos. Las operaciones de leasing que sostienen estos activos implican cuotas superiores a 20 millones de pesos mensuales, y la deuda histórica de 2.000 millones de pesos asociada a Saab en 2011 habría escalado hasta cifras que, ajustadas a la inflación, superan los 3.800 millones.
Además, hay una afectación notable en contratos vinculados al sector cultural: un convenio con RTVC por 7.900 millones de pesos para la organización de un evento cultural en Santa Marta, suscrito por Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., empresa que no tenía antecedentes de contratos con el Gobierno Nacional hasta esa adjudicación. En el marco de la red de operaciones, también se cita una compra previa vinculada a Benedetti por 1.500 millones de pesos y una venta previa declarada de 3.600 millones, lo que alimenta la narrativa de complejas transferencias y cesiones de titularidad. Diversos medios —Entre ellos El Colombiano, El Tiempo, Reuters y La FM— han recogido estas dimensiones, aportando un mosaico de documentos, registros y movimientos que ahora se analizan en la Corte Suprema de Justicia.
«esa mansión se la está pagando alguien, no sabemos a cambio de qué, o él la está pagando con un dinero que no sabemos de dónde salió» – Camilo Enciso, abogado y exsecretario de Transparencia de Colombia
La otra pieza central de la polémica llega desde la propia versión de Benedetti, quien ha calificado lo ocurrido como un «montaje judicial» y ha defendido su posición frente a lo que considera una operación mediática para afectar su cargo político y su trayectoria pública. El contexto de estas afirmaciones, sumado a las interacciones entre figuras públicas y redes empresariales, ha generado una focalización mediática y política que podría afectar la percepción pública de Benedetti y de los actores vinculados a operaciones inmobiliarias y culturales en el país.
En suma, este allanamiento no solo reconfigura el itinerario penal que enfrenta Benedetti y sus asociados, sino que también plantea preguntas sobre la procedencia de recursos, las vinculaciones con Alex Saab y el entramado de operaciones inmobiliarias que han estado en la órbita de varias personalidades públicas. El caso continúa en desarrollo y su evolución podría traer consigo impactos reputacionales y, en última instancia, consecuencias políticas para las personas y entidades involucradas, mientras las investigaciones avanzan y se crujen nuevos documentos y testimonios que permitan esclarecer el origen de cada recurso y la legitimidad de las transferencias ligadas a estas propiedades y contratos.
