Los gremios bancario y fintech han alzado su voz contra la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de incrementar del 14 al 21 por mil la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las actividades financieras, una modificación incluida en el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 que se discute actualmente en el Concejo Distrital. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, advierten que esta medida, que representa un aumento del 50 por ciento, podría tener consecuencias graves como el encarecimiento del crédito, la reducción de la inversión y el desplazamiento del sector hacia otras ciudades más competitivas.
El debate ha sido intenso en la capital. Mientras los gremios exponen sus reparos en un video difundido en redes sociales, la Secretaría de Hacienda de Bogotá defiende el ajuste con argumentos técnicos basados en la capacidad contributiva del sector. La dependencia sostiene que, incluso con la nueva tarifa de 21 por mil, la tributación efectiva de las actividades financieras —que actualmente es de 6,6 por ciento— seguiría siendo inferior al promedio de la ciudad, que alcanza el 9,9 por ciento. Para reforzar su posición, Hacienda señala que ciudades como Barranquilla y Tunja tienen una tarifa de 30 por mil, y Cali de 25 por mil, sin que se haya observado una disminución del recaudo.
El llamado de atención de los gremios
Jonathan Malagón no titubeó al calificar la propuesta como un error estratégico. «Bogotá dejará de ser la capital financiera de nuestro país. Suena absurdo, pero es una realidad», afirmó el presidente de Asobancaria. En su intervención, Malagón subrayó que el incremento no solo afecta a las grandes entidades bancarias, sino que tiene un impacto directo en los consumidores. «La propuesta de la alcaldía de subir en un 50 por ciento la tributación al sector financiero tiene como consecuencia no solamente el éxodo de las compañías, sino el encarecimiento de todos los productos dentro de la capital», advirtió, mencionando que incluso un consumidor de provincia que antes viajaba a Bogotá para cerrar negocios financieros hoy enfrentaría un costo muchísimo mayor.
«Bogotá dejará de ser la capital financiera de nuestro país. Suena absurdo, pero es una realidad.»
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria
Por su parte, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, fue aún más categórico al referirse al impacto en el ecosistema tecnológico. «El mensaje para los emprendedores y para el talento tecnológico es peor», señaló Santos, quien explicó que el ICA se aplica sobre los ingresos, no sobre las utilidades, lo que significa que las compañías fintech deben pagar este impuesto antes de ver el primer centavo de ganancia. «Esto quiere decir que antes de ver el primer centavo en utilidad, estas compañías van a estar teniendo que pagar un impuesto profundamente regresivo», afirmó. Santos también se preguntó hacia dónde se iría la inversión y el talento: «Pues se va a ir a otras ciudades donde son muchísimo más competitivas».
«El mensaje para los emprendedores y para el talento tecnológico es peor.»
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech
Malagón también criticó que en la exposición de motivos del proyecto aparezca el sector financiero junto a actividades que generan externalidades negativas, como el consumo de tabaco y licor. «En general, todo el que quiera hacer un negocio financiero, no solamente de la oferta, todas las compañías, localizarse en Bogotá va a ser oneroso, casi expropiatorio», sentenció.
La defensa de la Secretaría de Hacienda
Frente a las críticas, la Secretaría de Hacienda de Bogotá ha respondido con datos. Además de señalar que la tarifa efectiva del sector es menor al promedio, afirmó que realizó una verificación directa de las condiciones de crédito: una entidad bancaria informó que las condiciones de crédito hipotecario son iguales independientemente de la ciudad del cliente y dependen únicamente del comportamiento crediticio. La dependencia también aclaró que la territorialidad de los servicios financieros en el ICA está definida por ley y no depende de decisiones discrecionales de los municipios, por lo que no habría margen para que las empresas eviten el impuesto trasladando sus operaciones a otras jurisdicciones. El debate en el Concejo Distrital continúa mientras los gremios insisten en que la medida podría frenar el dinamismo económico de la ciudad.
