La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) emitió un comunicado en el que advierte que el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, fijado en 1.746.880 pesos y que con auxilio de transporte alcanza los 2 millones de pesos, podría poner en riesgo el empleo formal y la continuidad de muchas compañías en Colombia. Esta alerta surge como respuesta inmediata al anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro el lunes 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se decretó este incremento sin la concertación prevista en la Constitución Política y la Ley 278 de 1996.
AmCham destaca que este ajuste supera con creces la inflación acumulada entre 2022 y 2025, que ronda el 30%, mientras el crecimiento del salario mínimo en ese período ha sido cercano al 42% y la productividad se mantiene prácticamente estancada. Para los empleadores, el costo total mensual por trabajador ascendería a cerca de 2,7 millones de pesos, aunque el ingreso efectivo para el empleado rondaría los 1,86 millones, afectando directamente al 20% de los trabajadores formales del país.
Críticas por falta de sustento técnico y legal
En su pronunciamiento, AmCham cuestiona la referencia al concepto de “ingreso vital” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aclarando que, aunque puede servir como insumo técnico, su metodología no es obligatoria y el marco legal vigente sigue siendo la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278. La decisión de implementarlo por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, genera incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores por igual.
«El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. En ese contexto, un incremento del 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar».
AmCham
La gremial subraya que este tipo de medidas elevan los costos laborales especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que podría reflejarse en un alza de precios de bienes y servicios, mayor informalidad, presión fiscal y desventajas para la inversión extranjera. Factores como la inseguridad jurídica, física e incertidumbre regulatoria agravan el panorama, en un contexto donde el país enfrenta desafíos para mantener la competitividad.
«La verdadera justicia social requiere medidas que el país pueda mantener en el tiempo, no solo anuncios de corto plazo».
AmCham
«Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger».
AmCham
AmCham concluye que, para lograr una verdadera protección al poder adquisitivo, es esencial equilibrar los intereses de trabajadores y empresas, evitando impactos negativos que terminen perjudicando a los sectores más vulnerables de la economía colombiana.
