La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), liderada por su directora María Claudia Lacouture, expresó su respaldo a los 17 gobernadores que han rechazado acatar el Decreto 1390 de 2025 de emergencia económica emitido por el Gobierno Petro, mientras la Federación Nacional de Departamentos (FND), presidida por el gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta, anuncia acciones jurídicas ante la Corte Constitucional. Esta postura unificada surgió tras una reunión extraordinaria de los gobernadores realizada en las instalaciones de la FND, donde se designó una comisión de voceros para defender la posición. Entre los mandatarios destacan Adriana Magali Matiz de Tolima, Dilian Francisca Toro de Valle del Cauca, Andrés Julián Rendón de Antioquia, Luis Francisco Ruiz de Caquetá y Luis Alfonso Escobar de Nariño, quienes argumentan que el decreto pone en riesgo la estabilidad financiera territorial, la autonomía fiscal y las inversiones en salud, educación y deporte, al no basarse en un hecho excepcional sino en una situación estructural previsible.
En un comunicado oficial, la FND subrayó que los gobernadores expresan de manera unificada su preocupación por situaciones que amenazan la gobernanza territorial y la garantía de derechos fundamentales en las regiones. María Claudia Lacouture publicó en redes sociales su apoyo, destacando la legitimidad de las inquietudes fiscales y la urgencia de que la Corte Constitucional agilice el control de exequibilidad del decreto, que adopta medidas tributarias para atender gastos del Presupuesto General de la Nación derivados de la crisis fiscal en salud, energía y desastres.
Reacciones políticas y posibles consecuencias
El debate se intensifica con voces divididas en el Congreso: el representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, solicitó investigaciones penales y disciplinarias por parte de la Fiscalía y la Procuraduría contra los 17 gobernadores, advirtiendo que su rechazo podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal manifestó total apoyo a los gobernadores, invocando una excepción de inconstitucionalidad y criticando que el artículo 362 de la Constitución no puede ser vulnerado por un decreto que, según ella, responde a un apetito insaciable por recursos, al pretender quitarles plata a los departamentos de manera inconstitucional.
«La preocupación de los gobernadores por las implicaciones fiscales de la emergencia económica en los departamentos es legítima y refuerza la necesidad de que la Corte Constitucional agilice el control de exequibilidad.»
María Claudia Lacouture, directora de AmCham
«La ‘emergencia económica’ no evidenciaría un hecho sobreviniente y excepcional, sino una situación estructural y previsible. La incertidumbre por nuevos impuestos puede afectar la gobernabilidad regional y, en últimas, a los ciudadanos.»
María Claudia Lacouture, directora de AmCham
Este enfrentamiento genera incertidumbre sobre la gobernabilidad regional y el impacto directo en los ciudadanos, con posibles ramificaciones en investigaciones y un llamado a la revisión judicial que podría redefinir las finanzas territoriales en Colombia.
