La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) elevó una exigencia formal al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que adopte de manera urgente medidas preventivas de protección a favor del concejal José Luis Marín Aquino, quien ha denunciado ser víctima de amenazas y hostigamientos. A través de una carta pública fechada el 10 de julio de 2026, la organización advirtió que la confrontación política en la ciudad ha escalado a niveles preocupantes y que el ambiente de intimidación persiste, tanto dentro como fuera del Concejo Distrital, donde debería primar la deliberación democrática.
La misiva, dirigida al mandatario local y con copia al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), señala que Marín Aquino, concejal de oposición, ha sido blanco de expresiones intimidatorias que podrían constituir instigación a la violencia. Corpades recordó que, aunque ya se informó del caso a las autoridades nacionales, eso no exime al Distrito de actuar con celeridad. La organización hizo un llamado directo a Gutiérrez para que, en su calidad de primera autoridad de policía y representante del presidente en el territorio, active el equipo especial de la Policía Metropolitana encargado de la protección de dignatarios.
Un llamado a la prevención ante la escalada de la confrontación
En la comunicación, Corpades subrayó que la historia de Colombia ha demostrado que los discursos de estigmatización, cuando no son atendidos de manera oportuna por las instituciones, pueden convertirse en el preludio de agresiones irreparables. La organización advirtió que no le conviene a la ciudad, al país, a la institucionalidad democrática ni a la administración municipal que contra un integrante de la oposición política pueda materializarse un hecho de violencia política. El llamado se produce luego de que un ciudadano plenamente identificado habría proferido expresiones que podrían constituir instigación a la violencia o amenazas directas contra el concejal.
La prevención como obligación del Estado
En la carta, Corpades enfatizó que la prevención constituye una obligación del Estado y no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya se ha producido. La organización recordó que el Estatuto de la Oposición establece el deber estatal de garantizar que quienes ejercen control político estén libres de intimidaciones o violencia. Por ello, pidió al alcalde actuar como primera autoridad de policía y representante del presidente en el territorio para activar el equipo especial de la Policía Metropolitana destinado a la protección de dignatarios.
«No le conviene a la ciudad, al país, a la institucionalidad democrática ni a su administración que contra un integrante de la oposición política pueda materializarse un hecho de violencia política».
Corpades, en carta a Federico Gutiérrez
La organización advirtió que la historia de Colombia ha demostrado que los discursos de estigmatización, cuando no son atendidos de manera oportuna por las instituciones, pueden convertirse en el preludio de agresiones irreparables. Corpades subrayó que la prevención constituye una obligación del Estado y no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya se ha producido. En ese sentido, la entidad insistió en que aún estamos a tiempo de evitar un nuevo episodio que enlute a Medellín y debilite la democracia.
«La historia de Colombia ha demostrado que los discursos de estigmatización, cuando no son atendidos de manera oportuna por las instituciones, pueden convertirse en el preludio de agresiones irreparables».
Corpades
La organización exigió que, como primera autoridad de policía y representante del presidente en el territorio, el alcalde active el equipo especial de la Policía Metropolitana para la protección de dignatarios. Asimismo, Corpades solicitó un mensaje institucional de rechazo contra cualquier manifestación que incentive la violencia política. La advertencia es clara: aún estamos a tiempo de evitar un nuevo episodio que enlute a Medellín y debilite la democracia, según señaló la entidad en su comunicado.
«La prevención constituye una obligación del Estado y no puede limitarse a reaccionar cuando el daño ya se ha producido».
Corpades
La situación ha generado alarma entre los defensores de derechos humanos, quienes consideran que las amenazas contra Marín Aquino no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de hostigamiento que persiste en el Concejo Distrital. Corpades insistió en que la administración municipal debe emitir un mensaje institucional de rechazo contra cualquier manifestación que incentive la violencia política, y advirtió que la omisión podría tener consecuencias irreparables para la democracia local.
«Aún estamos a tiempo de evitar un nuevo episodio que enlute a Medellín y debilite la democracia».
Corpades
