La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) expresó su profunda preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en Colombia, tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”. Este pronunciamiento, divulgado a través de la revista SEMANA, se emitió en respuesta a la visita in loco realizada por la CIDH entre el 15 y el 19 de abril de 2024, y en él la AMI solicita al Estado colombiano adoptar medidas urgentes para proteger el ejercicio periodístico.
El informe de la CIDH identifica el periodismo como una actividad de alto riesgo en el país, destacando las afectaciones documentadas por la AMI durante años, que incluyen violencia física contra periodistas, estigmatización por parte de funcionarios gubernamentales y el uso indebido de la pauta oficial como herramienta de control. La organización enfatiza la necesidad de acciones estatales concretas, en línea con las recomendaciones de la CIDH, como prevenir la propaganda en medios públicos, establecer criterios transparentes para la asignación de pauta oficial, garantizar protección efectiva a los periodistas y crear un registro nacional de agresiones contra ellos.
Agresiones sistemáticas y estigmatización
Entre las amenazas más graves se encuentran las provenientes de grupos armados ilegales, que han atacado a periodistas que cubren temas sensibles como la administración pública, las economías ilegales, la seguridad ciudadana y el conflicto armado. Además, los discursos estigmatizantes de algunos funcionarios públicos han calificado a los medios críticos como “opositores”, “neonazis”, “extrema derecha”, “periodismo Mossad” o “muñecas de la mafia”, lo que agrava el clima de hostilidad. Las mujeres periodistas enfrentan impactos diferenciados, con mensajes misóginos y sexualizados que buscan intimidarlas de manera particular.
Impacto en el pluralismo y coincidencia con otras organizaciones
La AMI también alude a la denominada “ley de tercios”, que describe los efectos negativos de la pauta estatal en el pluralismo informativo, limitando la diversidad de voces en los medios. Este pronunciamiento coincide con los planteamientos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), reforzando la urgencia de que el gobierno responda a estas alertas para salvaguardar la democracia y los derechos humanos en Colombia.
