La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), presidida por Camilo Sánchez, presentó formalmente ante el Gobierno nacional una solicitud de revocatoria directa de la resolución que establece el nuevo marco tarifario para el servicio público de aseo en Colombia. El gremio, que agrupa a las principales empresas del sector, advierte que la normativa contiene disposiciones que afectarían la seguridad jurídica y la sostenibilidad del servicio para 36 millones de usuarios en todo el país.
La solicitud se sustenta en reparos jurídicos, regulatorios, económicos y procedimentales. Según Andesco, más del 50% de las disposiciones incluidas en la resolución serían nuevas y no habrían sido sometidas a discusión previa durante la consulta pública. El gremio también denuncia posibles efectos retroactivos en el cálculo del aprovechamiento, lo que impactaría tanto a organizaciones de recicladores como a usuarios que no hacen parte del nuevo marco. Además, cuestiona que no se cumplan los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994, como eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
Los cuatro ejes de la discordia
Andesco concentra sus objeciones en cuatro aspectos fundamentales. El primero es la falta de condiciones adecuadas de participación ciudadana durante el proceso de consulta, ya que consideran que una consulta pública debe permitir a los agentes conocer oportunamente las propuestas y saber cómo se valoraron sus argumentos. El segundo punto es la inclusión de disposiciones no discutidas previamente, lo que a juicio del gremio rompe con el principio de transparencia regulatoria. El tercer aspecto se refiere a los posibles efectos retroactivos antes mencionados, que generan incertidumbre sobre obligaciones ya cumplidas. Finalmente, el gremio insiste en que la metodología tarifaria debe reconocer costos eficientes, gastos de operación, obligaciones laborales y ambientales, así como las inversiones necesarias para garantizar la prestación del servicio.
“Esta solicitud busca que se revise de fondo una regulación que tendrá efectos determinantes sobre la prestación del servicio público de aseo en Colombia. Lo que está en juego es la seguridad jurídica, la sostenibilidad de las empresas y, principalmente, la continuidad y calidad del servicio para 36 millones de usuarios”.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Ante la posibilidad de que la resolución genere una afectación directa a la prestación del servicio, Andesco pidió a la autoridad revisar el tratamiento dado a las observaciones durante la consulta y exigió mayor trazabilidad sobre el análisis realizado. El gremio, no obstante, manifestó su disposición a mantener conversaciones técnicas con el Gobierno con el objetivo de corregir los aspectos cuestionados y evitar que el nuevo marco tarifario ponga en riesgo la continuidad del servicio de aseo para millones de colombianos.
