Bruce Mac Master, presidente de la Andi, y Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, arremetieron contra el impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno Petro, que entrará en vigor a partir de abril y tomará como referencia el patrimonio al 1 de marzo de 2026, solicitando a la Corte Constitucional su suspensión temporal mientras se resuelve su constitucionalidad de fondo. Este gravamen, impulsado mediante un decreto de emergencias económicas, busca recaudar ocho billones de pesos para atender necesidades en regiones como La Guajira y El Catatumbo, así como la falta de aprobación presupuestaria y la emergencia invernal.
El impuesto aplica a personas jurídicas y sociedades de hecho obligadas al impuesto sobre la renta, gravando la diferencia entre activos y pasivos a partir de un patrimonio líquido mínimo de 200.000 UVT, equivalente a 10.474 millones de pesos al 1 de marzo de 2026. Los líderes gremiales cuestionan su legalidad, argumentando que impuestos similares fueron presentados previamente al Congreso y rechazados, y destacan que el Gobierno recurrió a este mecanismo por múltiples emergencias económicas.
Impuesto a la inversión y al empleo, según los críticos
Mac Master calificó el tributo como un freno directo al desarrollo económico del país, al impactar la liquidez de las empresas, desincentivar la inversión, generar pérdida de empleo y afectar la competitividad, lo que podría llevar a las compañías a vender activos o endeudarse artificialmente. Además, los empresarios dudan de la correlación entre los recursos recaudados y las reales necesidades de emergencia, subrayando que medidas de este tipo son altamente inconvenientes y técnicamente dudosas.
«Es un impuesto a la inversión, sin duda alguna, es un impuesto a la creación de empleo, es un impuesto al crecimiento del aparato productivo colombiano».
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
En su petición a la Corte Constitucional, los gremios buscan evitar un daño irreparable a muchas compañías, pidiendo la suspensión temporal del impuesto hasta que se defina su constitucionalidad definitiva.
«Le hemos pedido a la Corte Constitucional que considere la posibilidad de suspender la aplicación de este impuesto hasta tanto no se defina de fondo cuál es verdaderamente la constitucionalidad del mismo».
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
«A la Corte Constitucional le hemos pedido que, con el fin de evitar un daño irreparable para muchas compañías, se suspenda temporalmente la aplicación del mismo, hasta tanto se produzca la decisión de fondo sobre la constitucionalidad o no de este impuesto».
Bruce Mac Master, presidente de la Andi
Esta controversia pone en el centro del debate la tensión entre las necesidades fiscales del Gobierno y las preocupaciones del sector privado por el impacto en la economía colombiana, en un contexto donde el decreto busca soluciones rápidas a crisis regionales pero genera resistencias por su vía ejecutiva y efectos colaterales en el tejido productivo.
