Andrea Petro, hija mayor del presidente de Colombia Gustavo Petro, manifestó su profunda inconformidad en redes sociales ante la implicación de su hermana menor, Antonella Petro, en la controversia generada por un video de la primera dama Verónica Alcocer grabado en Estocolmo, Suecia. La reacción de Andrea se produce en medio del contexto de la inclusión de varios miembros de la familia presidencial en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como Lista Clinton, que afecta a Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Antonella Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti, imponiendo restricciones de movilidad y complicaciones para su regreso al país.
El video en cuestión muestra a Verónica Alcocer acompañada por Manuel Grau y la adolescente Antonella Petro, quien recientemente cumplió 17 años, durante su estancia en la capital sueca, lo que ha generado un amplio debate sobre la presencia de la primera dama pese a las sanciones internacionales. La difusión de estas imágenes en redes sociales y medios de comunicación ha reavivado discusiones sobre transparencia, privacidad familiar y el impacto de las medidas de Estados Unidos en la dinámica presidencial colombiana.
Indignación por el uso de una menor en la polémica
Andrea Petro no ocultó su molestia por lo que considera un ataque bajo y personal, criticando la falta de humanidad al involucrar a una niña en esfuerzos por desacreditar aspectos no refutados de la familia Petro. Mientras tanto, la Casa de Nariño evalúa diversas opciones para facilitar el regreso de la primera dama a Colombia, en un escenario marcado por las limitaciones impuestas por la Lista Clinton.
«¿Qué les pasa por la cabeza? Resulta inconcebible la falta de humanidad. Es lamentable que utilicen a una niña para continuar atacando, de manera tan baja y personal, aquello que no han logrado desacreditar.»
Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro
Este episodio subraya las tensiones entre la vida privada de la familia presidencial y el escrutinio público, alimentando un debate nacional sobre las sanciones extranjeras y su efecto en la política interna colombiana.
