La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, lanzó graves denuncias en entrevista con Noticias RCN al revelar presuntas irregularidades y presiones al interior del Gobierno de Gustavo Petro que involucran a Juliana Guerrero, una mujer que, según Rodríguez, sin ser funcionaria pública, ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, y colocar o remover personal como «ama y señora». Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) antes de ser reubicada en el Fondo Adaptación, aseguró que fue víctima de ataques provenientes de «bodegas» del Gobierno y que incluso le negaron la entrada a la Casa de Nariño mientras ocupaba ese cargo.
La funcionaria señaló que Guerrero, quien fue imputada por falsificación de documentos en relación con su título de contadora pública, lidera una presunta red de influencias que habría operado en distintos ministerios. Rodríguez afirmó que fue «la única funcionaria pública que lo denunció», lo que, según ella, le costó su puesto en el Dapre. «Sí, ella pidió mi cabeza, al igual que otras mujeres, porque eso es una red», declaró Rodríguez, quien también reveló que existía un decreto para remover a Guerrero como representante de la Universidad Popular del Cesar, pero que el presidente Gustavo Petro no lo quiso firmar.
Presiones y alteraciones en la seguridad
Rodríguez detalló que durante su gestión como directora del Dapre, su esquema de seguridad fue alterado como represalia por haber alzado la voz contra la red de influencias. «Le quitan la biometría a mi esquema de seguridad y a mis asesores. Entonces llegó un punto donde yo dije: ‘bueno, si me está pasando todo esto siendo directora, quedo en la nada y me quedo sin seguridad'», relató. Además, hizo un llamado directo al general William Rincón, director de la Policía, al afirmar que «ayer me quitó un policía, pero además también estaba pendiente de la asignación de otro. Es una manera también de silenciarlo a uno». La continuidad de su seguridad, agregó, dependió de un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La investigación periodística de la revista Semana, publicada el 25 de julio de 2024, ya había señalado a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero de liderar una presunta red de cobros a empresarios a cambio de gestionar contratos en distintos ministerios. Rodríguez, en su entrevista, vinculó a otros funcionarios en esta red de influencias y responsabilizó públicamente a varias personas en caso de que sufra alguna agresión o ataque.
«Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, yo hago responsable, entre otros, al señor Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, a la señora Juliana Guerrero, a la señora Leti Leal, anterior subdirectora del DAPRE y gerente del Fondo Paz, y al señor Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente».
Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación
Rodríguez también denunció la existencia de «bodegas» digitales al interior del Gobierno que, según ella, se activan para desprestigiar a quienes denuncian. «Sí existe una red de bodegas en el Gobierno y yo fui víctima de ellos. Entonces, ellos cuando ven que algo los está afectando, tienen que crear una cortina de humo, se reúnen y empiezan a desprestigiar», afirmó. La funcionaria, visiblemente molesta, retó a sus críticos: «Me imagino que todas las bodegas deben de estar reunidas a ver cómo me van a silenciar esta vez o qué hashtag me van a sacar, si estoy con paramilitares o no estoy con paramilitares, porque ese es el modus operandi de ellos. Pero yo no les tengo miedo. Yo estoy actuando acá mirando a los colombianos de frente y diciendo: yo no tengo rabo de paja como ustedes».
Las declaraciones de Rodríguez profundizan el escándalo que envuelve a Juliana Guerrero y a una presunta red de influencias que habría operado en el Gobierno Petro, mientras la gerente del Fondo Adaptación insiste en que su seguridad y su carrera se vieron afectadas por haber denunciado estas prácticas. El presidente Petro, por ahora, no se ha pronunciado sobre las acusaciones, y el decreto para remover a Guerrero como representante de la Universidad Popular del Cesar permanece, según Rodríguez, guardado en Presidencia sin la firma del mandatario.
