La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) amplió ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez por presunto fraude fiscal y conflicto de intereses en el marco del caso Odebrecht y el megaproyecto vial Ruta del Sol II. La nueva acusación, presentada por el representante legal de la ANI, Alejandro Carranza, señala que Martínez, en su rol de asesor jurídico de la constructora brasileña y luego como alto funcionario público, habría diseñado un esquema legal para que la compañía eludiera impuestos y accediera a contratos públicos sin licitación, en perjuicio del Estado colombiano.
De acuerdo con la denuncia, el hecho central se remonta al contrato de estabilidad jurídica firmado el 31 de diciembre de 2012, documento que, según la ANI, fue concebido por Martínez Neira para reducir la tasa de renta de Odebrecht del 33% al 25% durante un periodo de trece años. Además, el esquema permitiría a la empresa usar facturas ficticias para dejar en cero el impuesto de renta, configurando un presunto fraude fiscal. El exfiscal, que también se desempeñó como ministro en el gobierno de Juan Manuel Santos, habría recomendado la contratación directa para que Odebrecht accediera a contratos accesorios que terminaron inflando los costos del proyecto Ruta del Sol II, cuyo valor pasó de dos billones a seis billones de pesos.
Las acusaciones y los vínculos con el asesinato de Pisano
Durante la ampliación de la denuncia, Alejandro Carranza fue enfático al afirmar que “el señor Néstor Humberto fue la persona que buscó que el Estado colombiano perdiera ingresos con el contrato de estabilidad jurídica”. Pero la acusación no se limita al aspecto fiscal. Carranza también vinculó a Martínez con el asesinato del abogado Jorge Enrique Pisano, quien investigaba el caso Odebrecht. Según el representante de la ANI, “el homicidio de Pisano no es casualidad. Luego de su muerte, fue Néstor Humberto Martínez quien fue a recoger el iPad de Pisano y se lo llevó”. La denuncia también cita audios filtrados en los que Martínez, presuntamente, se refería a los hallazgos de Pisano con la frase “esa es una coima, marica”.
La Fiscalía General de la Nación, que ahora tiene en sus manos esta ampliación de denuncia, deberá determinar si se configuran delitos como interés indebido en la celebración de contratos. La ANI también solicitó que se compulsen copias del expediente a autoridades de Estados Unidos y a la Comisión de Acusaciones del Congreso, en un intento por ampliar el alcance de la investigación. El caso Odebrecht, que estalló en 2017 por los sobornos pagados para la adjudicación de la Ruta del Sol II, ha tenido un desarrollo judicial lento. En agosto de 2023 se anunció una imputación de cargos, pero la audiencia nunca se celebró.
Presión política y cooperación internacional
La ampliación de la denuncia ocurre en un momento de alta tensión política, en medio de las negociaciones de Odebrecht con la Fiscalía para un principio de oportunidad, y tras la presión pública del presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X, el mandatario afirmó en marzo de 2026 que “son 50 millones de dólares pagados en sobornos a la más alta clase política del país y con la astuta colaboración jurídica de Néstor Humberto Martínez”. Petro vinculó el caso con la falta de investigaciones sobre donaciones a campañas políticas, contrastándolo con las indagaciones que enfrenta su propia campaña.
“Se materializan varias conductas posiblemente como el interés indebido en la celebración de contratos”.
Alejandro Carranza, representante legal de la ANI
La Fiscalía, mientras tanto, avanza en el rastreo de pagos corruptos gracias a la cooperación internacional, que ha permitido obtener información bancaria y financiera clave. Se sabe que al menos 6,5 millones de dólares fueron pagados como soborno al exviceministro Gabriel Ignacio García Morales, mientras que el presidente Petro ha mencionado un total de 50 millones de dólares en coimas. La ANI, al ampliar la denuncia contra Martínez, busca que la justicia aclare el papel del exfiscal en una red que, según los denunciantes, habría defraudado al Estado colombiano durante años.
