La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), dirigida por Irene Vélez Torres, ha iniciado un proceso sancionatorio ambiental contra Urrá S.A. E.S.P., la operadora del embalse Urrá I ubicado en Córdoba, por el sobrepaso recurrente de los niveles máximos permitidos en la Curva Guía Máxima (CGM) desde 2020 hasta proyecciones para 2026. Este incumplimiento sostenido, atribuido a decisiones operativas continuadas, ha agravado las inundaciones en la región, obligando a descargas masivas de agua saturada hacia zonas downstream sin notificación oportuna a las familias afectadas, lo que dejó cientos de ellas en albergues precarios según una visita de inspección de la Anla posterior a la emergencia.
Los datos del monitoreo revelan que en 2024, el 20% de las mediciones superó la CGM, mientras que en el segundo semestre de 2025 esta cifra escaló al 30,6% del tiempo evaluado, respaldados por información de Sinergox – XM y el Centro de Monitoreo de la Anla. Entre 2020 y la fecha, la entidad ha emitido seis conceptos técnicos exigiendo explicaciones por este incumplimiento sistemático de las reglas de operación, destacando la falta de activación efectiva de planes de emergencia y contingencia.
Reacciones del Gobierno y el sector energético
El presidente Gustavo Petro ha calificado estos vertimientos como un “crimen ambiental” que afecta directamente a los campesinos, y ha dirigido duras críticas a la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), instándolos a dejar de ser cínicos al explicar por qué los embalses estaban a reventar tanto en verano como con la llegada de las lluvias de La Niña, al tiempo que solicitó la renuncia de la gerencia de Urrá y sanciones penales. Por su parte, el experto meteorológico Max Henríquez señaló que el embalse estaba demasiado lleno para un evento de La Niña, y que el desembalse fue lo que pudo causar las inundaciones, criticando la falta de aprendizaje en el manejo de estos recursos ante fenómenos naturales.
“Nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental”
Irene Vélez Torres, directora de la Anla
“El Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido”
Irene Vélez Torres, directora de la Anla
Acolgen, en defensa, argumentó que verter agua implica dejar de generar energía y perder ingresos, por lo que no existe incentivo económico para hacerlo de manera discrecional, insistiendo en que los vertimientos son obligaciones técnicas y no decisiones arbitrarias. Cabe resaltar que Urrá S.A. E.S.P. pertenece casi en su totalidad al Estado colombiano, lo que intensifica el debate público sobre la previsibilidad de las lluvias y el margen para liberaciones graduales que podrían haber evitado el desastre.
En medio de esta polémica, la Anla exige la activación inmediata de planes de emergencia en seis embalses adicionales del país que se encuentran en alerta roja, subrayando la necesidad de medidas preventivas ante la continuidad de eventos climáticos extremos.
