La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) salió en defensa de la gestión de Irene Vélez, actual ministra de Ambiente y exdirectora de la entidad, frente a la investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría General de la Nación el 26 de marzo de 2026, por presuntas fallas en el control y vigilancia de la hidroeléctrica Urrá I, ubicada en la cuenca del río Sinú. En un comunicado oficial emitido el día siguiente, el 27 de marzo, la Anla reiteró su compromiso con la institucionalidad y se mostró dispuesta a entregar toda la información requerida, en medio de las críticas surgidas tras las inundaciones ocurridas en febrero de 2026, asociadas a la operación de Urrá S.A. E.S.P.
La investigación de la Procuraduría, iniciada en su función preventiva tras las inundaciones, también abarca a funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y directivos de la empresa operadora. La Anla destacó que, desde 2022, ha impuesto 242 sanciones, más de la mitad durante el período en que Vélez estuvo al frente, recaudando $198.183 millones en los últimos cuatro años por estas medidas, lo que evidencia un trabajo riguroso en el seguimiento ambiental de proyectos como la represa de Urrá.
Gestión técnica y responsabilidad de los operadores
En su pronunciamiento, la Anla enfatizó que el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental de Urrá I se basa en criterios técnicos estrictos, visitas al terreno y una revisión exhaustiva de la documentación presentada por los titulares de las licencias. La entidad aclaró que la responsabilidad directa en la gestión de riesgos recae en los operadores de los proyectos, quienes deben actuar de manera preventiva junto a las autoridades locales, conforme a la Ley 1931 de 2018 y la Ley 1523 de 2012. Entre los hallazgos preliminares, se menciona la priorización de la generación de energía sobre la regulación de caudales y la operación del embalse por encima de los límites establecidos, lo que habría contribuido a las inundaciones en la cuenca del río Sinú, presuntamente por incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental.
“reitera su respeto por la institucionalidad y las decisiones emitidas por los entes de control. Asimismo, estará dispuesta a entregar la información y documentación que sea requerida”
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), comunicado oficial
“el seguimiento ambiental de la Anla al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental de la represa de Urrá, y demás proyectos del país, se cimenta en criterios técnicos rigurosos, visitas a territorio y una revisión detallada de la documentación entregada por los titulares de las licencias”
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), comunicado oficial
La Anla subrayó que su gestión refleja el esfuerzo de cientos de profesionales dedicados a la evaluación rigurosa, el seguimiento transparente y la actuación oportuna en protección del medio ambiente y los territorios. Por su parte, la Procuraduría señaló en su informe que “la emergencia por inundaciones en la cuenca del río Sinú durante febrero de 2026 no puede considerarse un evento puramente natural e imprevisible”, abriendo así un debate sobre las responsabilidades en la operación de infraestructuras clave como Urrá I.
“la gestión de la Anla refleja el trabajo de cientos de profesionales que dedican sus esfuerzos y conocimientos a la evaluación rigurosa, el seguimiento transparente, y la actuación oportuna y responsable con el medio ambiente y los territorios”
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), comunicado oficial
Este caso pone en el centro del escrutinio público el equilibrio entre la generación energética y la protección ambiental en Colombia, mientras la investigación avanza y la Anla se prepara para colaborar con las autoridades de control.
