El profesor Sergio Andrés Morales-Barreto, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, publicó un análisis prospectivo en el que describe el escenario que enfrentaría Iván Cepeda como eventual presidente en 2026, en un Congreso altamente fragmentado, con memoria institucional y sin mayorías automáticas. El artículo, divulgado en el contexto de las elecciones presidenciales que definirán la nueva composición legislativa, plantea que el partido con el que Cepeda llegaría al Gobierno tendría cerca del 23% del Senado, lo que obligaría a construir alianzas con al menos tres bancadas adicionales para sacar adelante sus proyectos.
De acuerdo con el análisis, la fragmentación actual del Congreso —donde el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Liberal son los bloques más relevantes sin que ninguno tenga mayoría propia— exige un ejercicio de negociación permanente. “Negociar el contenido de los proyectos, distribuir prioridades entre comisiones y construir respaldo entre partidos que calculan costo-beneficio legislativo, no afinidad ideológica”, señala Morales-Barreto. Este diagnóstico se produce en un momento en que el legislativo acumula tensiones previas con el Ejecutivo: la reforma a la salud fue hundida, el presidente Gustavo Petro declaró estados de excepción para gobernar por decreto y la Corte Constitucional tumbó la emergencia económica con una votación de seis a dos.
El Congreso que se instalará el 20 de julio de 2026 recibirá al candidato presidencial que asumirá el 7 de agosto de ese año. La Constitución colombiana reserva una curul en el Senado para quien quede segundo en la votación presidencial, y su fórmula vicepresidencial obtiene una curul en la Cámara, institucionalizando así la oposición. En la actualidad, la Comisión de Acusaciones acumula cerca de 270 procesos contra Gustavo Petro —entre ellos por presunta participación indebida en política y financiación de campaña— estancados sin decisión de fondo, lo que evidencia la dificultad del control político en la práctica.
Un Congreso sin mayorías y una propuesta constituyente
Uno de los puntos centrales del análisis es la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que ha planteado Iván Cepeda como parte de su campaña. Según Morales-Barreto, esta iniciativa generaría una fractura estructural con el Congreso, ya que una constituyente puede rediseñar el sistema político y suprimir o reconfigurar el propio legislativo. “La experiencia reciente en la región —Venezuela en 1999, Ecuador en 2008, Bolivia en 2009— muestra que la convocatoria constituyente ha sido el instrumento mediante el cual presidentes han buscado saltarse legislativos que no los acompañaban”, advierte el profesor. En ese mismo sentido, añade una alerta sobre el tono del discurso presidencial: “Si el ejecutivo presiona al sistema institucional para desgastarlo, acumula frustraciones legislativas, las presenta como obstrucción oligárquica y usa ese relato para justificar mecanismos de excepción o de concentración de poder entonces no es acuerdo, es imposición”.
El desafío de gobernar sin mayorías automáticas
«Negociar el contenido de los proyectos, distribuir prioridades entre comisiones y construir respaldo entre partidos que calculan costo-beneficio legislativo, no afinidad ideológica.»
Sergio Andrés Morales-Barreto, profesor de la Universidad de La Sabana
El análisis concluye que el Gobierno de Cepeda, si quiere evitar una reedición del desgaste que marcó la relación entre el Ejecutivo de Petro y el Congreso, deberá construir coaliciones amplias y estables, lejos de la imposición unilateral. La ausencia de mayorías automáticas, sumada a un legislativo que llega con memoria de los enfrentamientos previos, obliga a un ejercicio de negociación permanente donde cada proyecto deberá ser discutido comisión por comisión. Con la instalación del nuevo Congreso el 20 de julio y la posesión presidencial el 7 de agosto de 2026, Colombia se prepara para un escenario de alta complejidad institucional. La experiencia reciente del Gobierno de Petro —con reformas hundidas, estados de excepción anulados y centenares de procesos estancados en la Comisión de Acusaciones— deja una lección clara: gobernar sin mayorías no solo exige interlocución, sino también renunciar a atajos institucionales que puedan fracturar el sistema democrático.
