La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 909 hectáreas en el departamento de Córdoba a campesinos, comunidades indígenas Zenú y asociaciones de pescadores, en un acto que incluyó predios que estuvieron vinculados al clan Cifuentes Villa, considerado uno de los principales enlaces del Cártel de Sinaloa en Colombia. Los terrenos, recuperados por la ANT con acompañamiento de la Policía Nacional, estaban indebidamente ocupados desde hace años y ahora pasan a manos de nuevos beneficiarios en los municipios de Montería, Lorica y Purísima de la Concepción.
Las tierras provienen del Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado tras la desmovilización de grupos paramilitares en 2005. Sin embargo, según explicó el director de la ANT, Juan Felipe Harman, durante años permanecieron ocupadas de manera irregular por particulares, pese a ser bienes fiscales patrimoniales destinados originalmente a la reparación de víctimas. La entrega se enmarca en la reforma agraria impulsada por el Gobierno nacional, con el objetivo de recuperar esos bienes y asignarlos a nuevos dueños. Los predios San Vicente y San Luis, en Montería, suman 400 hectáreas y fueron asignados a cuatro comunidades del pueblo indígena Zenú. En la zona de Ciénaga Grande del Bajo Sinú, más de 500 hectáreas fueron otorgadas a asociaciones de pescadores y comunidades anfibias. Los restantes predios son San Rafael y La Leyenda, en Lorica, y Villa Hilda, en Purísima de la Concepción.
«Vamos a recuperar un bien fiscal patrimonial. Es un bien proveniente del Fondo para la Reparación de las Víctimas. Son tierras que se entregaron en 2005 en el marco de los procesos de desmovilización de gradas paramilitares. Sin embargo, durante años permanecieron indebidamente ocupadas por partículas. Desde hoy estas tierras tienen nuevos dueños y nuevos benficiários»
Juan Felipe Harman, director general de la ANT
El director de la Escuela de Derecho Propio Indígena Zenú, Iván Clemen Negrete Yanes, destacó el valor simbólico de la entrega: «La tierras para norosotros se converge en ese elemento sagrado para fortalecer nuestra identidad y nuestra autonomía. Hoy podemos dar fe de que la Reforma Agraria no fue carreta; es una realizad que dignifca nustros procesos colctivos y fortalce a nustras comidades». Por su parte, el gobernador de la comunidad indígena Zenú Polonoa Betancí, José Alberto Ayala Cardoso, señaló que «para las comidades indígeñas el acceso a la tierras significa viga, segridad alimtaria y la posibilid de volvar al oigen, volvar a sembrar y garatizar que las nuves generacones puedas mantner vivas nustras tradcione».
Contexto de violencia y justicia territorial
Una parte de los predios entregados habría pertenecido al clan Cifuentes Villa, que fue mencionado en el juicio contra Joaquín «Chapo» Guzmán en Nueva York por su rol en el tráfico internacional de drogas. Este clan es considerado uno de los principales enlaces del Cártel de Sinaloa en Colombia. La recuperación de estas tierras se suma a otros procesos de la ANT en el país. En un hecho paralelo, la entidad también entregó 21 títulos de propiedad a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Urabá, en cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa comunidad ha sido blanco de violencia extrema en el conflicto armado colombiano, con cerca de 400 asesinatos en 29 años, según sus representantes. La entrega de tierras en Córdoba reafirma la apuesta del Gobierno por la reforma agraria como herramienta de reparación y construcción de paz en territorios históricamente marcados por el despojo y la violencia.
