La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha finalizado contratos de arrendamiento con cánones bajos en las Islas del Rosario, cerca de Cartagena, y firmó diez nuevos contratos por diez años con pagos mensuales significativamente incrementados y condiciones más estrictas. Estos nuevos acuerdos, adjudicados en el primer semestre de 2025 tras un Acuerdo 262 expedido en febrero de 2023 y una revisión iniciada en 2022, involucran a empresas como Laguna Encantada S.A.S., representada por María Jimena Montoya Acevedo y Katty Anaya; Cocoliso Alcatraz S.A., a cargo de Amín de Jesús Díaz Oliver; Isla Risa, de Amaury Covo Segrera; Isla del Pirata, gestionada por Indeltru S.A.S. de la familia Trucco del Castillo; La Raya, de Katrin Nyfeler Vélez; Quebracho 1, de Esteban Marín Paternostro; e Isla Gigi, entre otras.
El proceso incluyó la revisión exhaustiva de contratos anteriores, considerados irregulares por un informe de la Contraloría de 2015 que reveló cánones bajos en 33 contratos sobre 151 terrenos baldíos, de los cuales 99 carecían de contrato y 11 estaban vencidos con deudas acumuladas de 684 millones de pesos hasta 2024. La ANT interpuso demandas de nulidad contra 42 contratos, promoviendo un diálogo con los arrendatarios para formalizar estos nuevos términos que benefician al Estado con mayores ingresos.
Nuevos cánones multiplican ingresos para el Estado
Entre los contratos destacados figura el Hotel San Pedro de Majagua, con 61.393 metros cuadrados, que ahora paga 28.908.736 pesos mensuales frente a los anteriores 9.319.000; Cocoliso Alcatraz, sobre 9.253 metros cuadrados, ascendió a 16.388.914 pesos mensuales desde 7.807.000; Isla Risa, en 2.829 metros cuadrados, establece 15.480.288 pesos; Isla del Pirata, con 4.092 metros cuadrados, fija 12.816.000 pesos; La Raya, de 7.085 metros cuadrados, llega a 9.551.997 pesos; Isla Gigi, sobre 3.718 metros cuadrados, paga 13.083.642 pesos; Quebracho 1, en 1.008 metros cuadrados, sube a 4.834.204 pesos desde 554.000; Isla Majayura, de 1.600 metros cuadrados adjudicada en 2020, mantiene 966.000 pesos; e Isla Fiesta, con 600 metros cuadrados, establece 354.300 pesos mensuales. Estos cambios responden a décadas de arrendamientos suscritos por el Incoder y la ANT con valores por debajo del mercado, impulsados por el cambio de gobierno en 2022 que priorizó la recuperación de bienes públicos.
“El objetivo siempre fue recuperar esos bienes, que fueron arrendados sin condiciones justas ni de legalidad, para el beneficio de las comunidades”
Gerardo Vega, exdirector de la ANT
Sin embargo, no ha estado exenta de controversias, como en el caso de Isla Gigi, vinculada a una sentencia judicial de 2011 que la excluyó de procesos de extinción de dominio. Virginia Angulo de Pacheco, representante legal de una sociedad arrendataria, cuestionó acciones previas de la SAE afirmando que “es falso que la SAE haya ‘recuperado’ el predio. La diligencia de la SAE carece de fundamento legal, pues no se puede ‘recuperar’ un bien que la justicia ya excluyó de manera definitiva de dicho proceso”. Esta renegociación representa un avance en la formalización de estos paraísos caribeños, asegurando mayores recursos para el Estado y las comunidades locales tras años de irregularidades.
