En medio de una crisis de seguridad que ha obligado al cierre masivo de pequeños negocios en Barranquilla, Soledad y Malambo, Fenalco Atlántico propuso revisar el Decreto 2362 de 2018 para permitir el porte legal de armas a comerciantes y civiles que cuenten con salvoconducto o estén en proceso de obtenerlo. La iniciativa, presentada por Rafael Madero, presidente de la junta directiva del gremio, busca responder a la desbordada extorsión y violencia que mantiene en vilo a los tenderos y pequeños comerciantes del Atlántico, quienes denuncian sentirse completamente indefensos frente a atracadores que, según Madero, están «armados hasta los dientes».
El debate se reactivó luego de que el sábado 4 de julio se registrara una ola de cierres de establecimientos comerciales como protesta ante la ola de extorsiones, lo que llevó al gremio a exigir también un acompañamiento permanente del Ejército a la Policía en las zonas más afectadas. «Lo considero un grito de impotencia, muchos negocios pequeños, tenderos, tuvieron que cerrar sus negocios en Barranquilla, en Soledad y en Malambo. Esto ante la desbordada extorsión y violencia que existe en estos territorios. Esto es muy crítico, es casi el doble de homicidios de lo que está sucediendo en el Cauca, que consideramos ya zona roja», declaró Madero en su intervención.
Posturas encontradas frente a la regulación de armas
La propuesta de modificar el Decreto 2362 de 2018, que actualmente restringe el porte de armas incluso para quienes ya cuentan con salvoconducto, ha abierto un intenso debate entre expertos y autoridades. Por un lado, el senador electo Germán Rodríguez se mostró partidario de la legítima defensa, aunque aclaró que no se trata de entregar armas sin controles. Rodríguez propuso que el acceso al porte dependa de rigurosas evaluaciones médicas y psiquiátricas, cursos obligatorios, estudios de idoneidad y verificación de antecedentes. Citó cifras que indican que entre el 95% y el 98% de los crímenes en Colombia se cometen con armas ilegales, mientras que apenas el 1% de los delitos se atribuyen a armas legales, según estudios que referenció.
En contraste, el exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, advirtió sobre los riesgos de flexibilizar el porte. Acero recordó que en la capital del país, tras la restricción al porte de armas, la tasa de homicidios pasó de cerca de 80 por cada 100.000 habitantes a una cifra cercana a 23. Además, señaló que en un ejercicio realizado en 1999, de 723 armas involucradas en homicidios, 240 contaban con salvoconducto vigente. «Las armas legales también participan en homicidios», advirtió Acero, quien además mencionó decisiones de la Corte Constitucional que han mostrado reparos frente a ampliar el porte entre particulares. También alertó que muchos ciudadanos autorizados carecen de la preparación suficiente para usar un arma de manera adecuada.
«Yo creo que, por lo menos, aquellos que tienen el salvoconducto y que se les agilice, aquellos que no lo tienen y pretendan obtenerlo, creo que es necesario que les permitan el uso de su arma. Es un tema que tiene sus pros, sus contras, indudablemente, pero ante las circunstancias, yo creo que vale la pena analizar esta situación»
Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco Atlántico
Pese a las posiciones encontradas, Fenalco Atlántico recibe de buen agrado la intención del designado ministro de Defensa, general Pedro Sánchez Mora, de estudiar esta posible regulación. Según datos del senador electo Rodríguez, en Colombia circulan entre 4 y 6 millones de armas ilegales, una cifra que contrasta con el estricto control que se aplica sobre las legales. Mientras tanto, los comerciantes del Atlántico esperan que el Gobierno nacional tome decisiones que equilibren la seguridad ciudadana con el derecho a la legítima defensa en medio de una crisis que, aseguran, no da espera.
