Antonella Petro Alcocer, hija del expresidente Gustavo Petro, ha lanzado una dura crítica contra la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general al porte de armas en Colombia, una medida que, según ella, multiplica la violencia en lugar de reducirla. La controversia gira en torno al Decreto 1368, que entró en vigor el pasado 9 de septiembre de 2026 tras su publicación en el Diario Oficial, restableciendo la validez de los permisos vigentes para cerca de 700.000 personas que habían quedado en vilo por una suspensión que se mantuvo por más de una década, desde diciembre de 2015.
La suspensión original fue adoptada durante el gobierno de Juan Manuel Santos como una medida temporal para fin de año, pero se fue prorrogando anualmente hasta que el actual Gobierno decidió restituir la norma ordinaria. La Casa de Nariño justificó la decisión argumentando la necesidad de equilibrar las posibilidades de defensa de los ciudadanos autorizados, señalando que la restricción indefinida afectaba a quienes cumplen la ley mientras las estructuras delictivas mantienen acceso ilegal a armamento. Sin embargo, Antonella Petro no tardó en reaccionar desde sus redes sociales: «Solo piensen en una discusión de tráfico o que una riña de fiesta termine en una tragedia», escribió, advirtiendo sobre los riesgos de una mayor circulación de armas legales.
Críticas a la legitimidad de la medida
En una serie de mensajes, la hija del exmandatario cuestionó el argumento oficial. «El argumento que nos venden es el de siempre: que armar a la gente es la única forma que los ciudadanos se defiendan de la criminalidad», afirmó, para luego sentenciar: «Llenar las calles de armas no disminuye la violencia, al revés, la multiplica». La joven, que ya ha utilizado plataformas digitales para opinar sobre la agenda nacional y respaldar la gestión de su padre, insistió en que la verdadera seguridad debe provenir del Estado. «La seguridad real es responsabilidad del Estado, fortaleciendo la justicia, la inteligencia y la presencia en los barrios, no lavándose las manos y dándole el peligro a la gente de a pie», agregó.
«No todo lo que es legal es legítimo. ¿Otra vez, Abelardo?»
Antonella Petro Alcocer, en redes sociales
La decisión del presidente De la Espriella, no obstante, no habilita el porte indiscriminado. Los solicitantes deben cumplir rigurosos procesos de evaluación y acreditación, y la emisión y supervisión de salvoconductos sigue bajo el Ministerio de Defensa y el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos. La edad mínima exigida para solicitar autorización es de 25 años, y el decreto no ampara permisos vencidos, cancelados o con restricciones judiciales. «Portar un arma sin autorización traería consecuencias penales en Colombia», ha advertido el propio presidente. Pero para Antonella Petro, la medida traslada a los ciudadanos una responsabilidad que corresponde exclusivamente al Estado, en un debate que promete seguir generando tensiones en el país.
