El exministro del Trabajo Antonio Sanguino calificó como “una trampa” la solicitud que Colpensiones, representada por su director Diego Alejandro Urrego, presentó el martes 22 de septiembre ante la Corte Constitucional para aplazar un año la entrada en vigor de la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024. Según Sanguino, la petición busca favorecer descaradamente al capital financiero representado en los fondos privados, en detrimento de los trabajadores colombianos. El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro respondió a través de la red social X, donde pidió a los magistrados rechazar el aplazamiento por considerarlo jurídicamente improcedente y contrario al interés nacional.
La solicitud de Colpensiones, firmada por su representante legal, argumenta la necesidad de más tiempo para realizar ajustes tecnológicos, operativos, financieros e institucionales, con el fin de preservar la seguridad jurídica y el mínimo vital de los afiliados. Sin embargo, Sanguino sostiene que el verdadero propósito es abrir paso a una contrarreforma en el Congreso que eliminaría el Régimen de Prima Media y liquidaría a Colpensiones, despojando a millones de trabajadores del derecho a una pensión digna. El exministro advirtió que mientras se tramita ese aplazamiento, se mantendría el umbral de cotización de 2,3 salarios mínimos en los fondos privados, lo que retendría en esas entidades los ahorros de 30.000 trabajadores, equivalentes a USD 8 billones.
Las cifras detrás de la controversia
De acuerdo con el cronograma presentado por Colpensiones, entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 se llevarían a cabo las actividades previstas para la implementación de la reforma, que incluyen la integración de bases de datos, la homologación de historias laborales y el traslado masivo de afiliados. La entidad calificó el desafío como “titánico” y estima que en 2027 se verían afectados 70.000 pensionados, entre nuevos pensionados por vejez, beneficiarios del pilar semicontributivo, pensionados por invalidez y sobrevivencia. De ese total, Colpensiones prevé atender a 29.061 nuevos pensionados por vejez bajo las nuevas modalidades, como la prestación anticipada.
La reforma pensional, que fue declarada exequible en su mayoría por la Corte Constitucional —aunque devolvió nueve artículos al Congreso por falta de trámite—, modifica el sistema con cuatro pilares: solidario, semicontributivo, prima media y contributivo de capitalización. Su implementación exige una coordinación estrecha entre Colpensiones, los fondos privados, las entidades de recaudo y los órganos de control. La solicitud de aplazamiento no controvierte el fallo de constitucionalidad, sino que pide más tiempo para ejecutar las disposiciones exequibles, y además solicita trámite preferente y la vinculación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Asofondos.
“Es una trampa”: las declaraciones de Sanguino
“¡No es un milagro, ES UNA TRAMPA! La administración de @Colpensiones de @ABDELAESPRIELLA solicita a la @CConstitucional aplazar un año más la entrada en vigencia de la reforma pensional del gobierno de @petrogustavo para favorecer descaradamente al capital financiero representado en los Fondos Privados en detrimento del pueblo trabajador”.
Antonio Sanguino, exministro del Trabajo
“Busca que la Corte les conceda un año más, mientras tramitan en el Congreso su contrarreforma que elimine el Régimen de Prima Media y liquide Colpensiones para que desaparezca el derecho a la pensión y termine siendo exclusivamente un negocio del capital financiero”.
Antonio Sanguino
“Señores Magistrados de la Corte Constitucional: saben ustedes que esta solicitud de aplazamiento es jurídicamente improcedente. Es contrario al interés nacional y está en contravía a los derechos de los trabajadores a una pensión en dignidad”.
Antonio Sanguino
El exministro, quien formó parte del gabinete de Gustavo Petro, insistió en que la petición de Colpensiones no solo es improcedente, sino que atenta contra los derechos adquiridos de los trabajadores. Mientras la Corte evalúa la solicitud, el debate sobre el futuro del sistema pensional colombiano se intensifica, en medio de acusaciones cruzadas entre defensores de la reforma y quienes buscan su modificación o aplazamiento. La decisión de los magistrados será clave para definir si los cambios entrarán en vigor según lo previsto o si se abre una nueva ventana para una contrarreforma que, según Sanguino, terminaría privatizando por completo las pensiones en Colombia.
