La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió aplazar la audiencia en la que se definiría la situación legal de la senadora Martha Peralta, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), quien es investigada por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Originalmente programada para el 9 de julio de 2026, la diligencia fue suspendida a petición del magistrado Francisco Farfán, quien solicitó que todos los integrantes de la Sala estudien el expediente completo antes de tomar una decisión.
De esta forma, la magistrada Cristina Lombana, quien lidera la investigación, deberá enviar los cuadernos del caso a los demás magistrados para que realicen un análisis integral de las pruebas. Una vez concluido ese estudio, la ponencia presentada por Lombana será sometida a votación de la Sala. En su propuesta inicial, la magistrada plantea que Peralta continúe el proceso en libertad, pero si la Sala no respalda esa postura, podría ordenarse una medida de aseguramiento en contra de la congresista.
El trasfondo del caso Ungrd
La investigación judicial se centra en un presunto esquema de direccionamiento de contratos de la Ungrd a cambio de respaldos políticos en el Congreso. Según las indagaciones, en junio de 2023 la senadora Peralta habría alcanzado un acuerdo con el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, para alinear apoyos en la Comisión Séptima del Senado mediante proyectos regionales. Uno de los contratos bajo la lupa es una orden de proveeduría por 2.170 millones de pesos, firmada el 25 de octubre de ese año, para la adquisición de 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas en Riohacha, La Guajira.
Paralelamente, la defensa de Peralta atraviesa un momento de reestructuración. El abogado Luis Henry Montes renunció a su representación tras diferencias en la estrategia jurídica, luego de que no prosperaran un recurso de habeas corpus y una tutela. Ahora, la senadora deberá buscar un nuevo defensor legal mientras avanza el proceso en su contra, en el que es señalada como “articuladora” del esquema de corrupción. El aplazamiento de la audiencia retrasa, al menos temporalmente, la definición de su situación jurídica, mientras la Corte analiza a fondo el expediente.
