La Alcaldía de Bogotá y la concesionaria Sencia confirmaron el aplazamiento de la entrega del nuevo estadio El Campín, cuya nueva fecha límite será diciembre de 2028, un año después de lo inicialmente pactado. El anuncio oficial se produjo el 30 de septiembre, apenas una semana después de que el acta de inicio de obras se firmara el 23 de septiembre, lo que encendió las alarmas en el Concejo de la ciudad. La concejala del Pacto Histórico, Heidy Sánchez, fue una de las voces más críticas, al cuestionar que se oculte la verdad sobre las causas del retraso y que aparezca a última hora la multinacional PowerChina como la empresa encargada de ejecutar la construcción, tras haber sido seleccionada por Sencia.
El nuevo estadio, que tendrá capacidad para 60.000 espectadores, se levantará en el costado nororiental del actual complejo deportivo El Campín, con un plazo de construcción de 671 días calendario que, de acuerdo con los cálculos de la concejala Sánchez, implicaría un inicio real de obras solo hasta enero o febrero de 2027. La primera etapa del proyecto contempla la instalación de más de 3.000 pilotes subterráneos, una obra de gran magnitud que, según el alcalde Carlos Fernando Galán, sufrió modificaciones en su diseño inicial que derivaron en la ampliación del cronograma. Sin embargo, los concejales consideran que las explicaciones oficiales no son suficientes.
Críticas por falta de transparencia y dudas sobre la verdadera causa del retraso
Durante el debate en el Concejo, Heidy Sánchez fue contundente al señalar la contradicción entre el discurso oficial y los hechos. “¡La fecha de entrega del nuevo Campín será en diciembre de 2028! Imagínense eso: un año después de la fecha que había sido anunciada inicialmente, y aun así tienen el descaro de decir que no existen retrasos en las obras proyectadas”, afirmó la concejala, quien también cuestionó la aparición de PowerChina en el proyecto. “¿Por qué no le dicen la verdad a la ciudadanía sobre cuáles son los verdaderos retrasos? Causa curiosidad incluso que, a última hora, aparece PowerChina, una multinacional que habría sido seleccionada por Sencia para ejecutar la construcción, como la empresa encargada de llevar adelante las obras y, acto seguido, se anuncie el retraso de un año en la entrega del nuevo Campín”, agregó Sánchez, quien además preguntó si el Distrito está esperando recolectar el dinero suficiente con el uso del espacio para financiar las obras mientras el privado no aporta nada.
“Cuesta mucho trabajo creerle a Mauricio Hoyos, portavoz de Sencia, y a Sencia como tal. Hay que recordarle que la construcción de El Campín es la construcción de un activo público y que, en últimas, la construcción es un contrato estatal, razón por la cual no hay lugar a las falsas o a las medianas verdades ni a la especulación”
Juan David Quintero, concejal del partido En Marcha
Juan David Quintero fue aún más lejos al plantear una salida radical para el proyecto. El concejal aseguró que Sencia se sigue beneficiando del aprovechamiento económico del estadio mientras se aplazan las entregas a la ciudad, y denunció que se han prorrogado plazos “aduciendo errores absurdos como errores de transcripción” para favorecer al contratista. En ese sentido, presentará en el Concejo dos alternativas concretas: “O este contrato lo asume Corficolombiana, que es socio del proyecto, y con su liderazgo saca adelante esta obra, o de lo contrario, es preferible que se resuelva inmediatamente el contrato, se le restituya a la ciudad el estadio y estructuremos un contrato que sí le sirva a los ciudadanos y no a la promotora de eventos Sencia”.
El malestar de los concejales también se sustenta en antecedentes similares. Previamente se había presentado a un grupo de inversores ingleses como socios del proyecto, que finalmente resultaron ser constructores, al igual que ocurre ahora con PowerChina. Mientras tanto, Sencia asegura que todo está en regla desde el 23 de septiembre, fecha oficial del acta de inicio, y el alcalde Galán insiste en que la modificación del proyecto inicial es la razón de fondo para el aplazamiento. Sin embargo, las dudas sobre la verdadera gestión del contrato y el uso de los recursos públicos mantienen en vilo el futuro de una obra que promete transformar el escenario deportivo más importante de la capital colombiana.
