En la noche del 9 de mayo de 2026, Jeisson Polanía, administrador de un bar en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, vivió un episodio de violencia que casi le cuesta la vida. Todo comenzó cuando, minutos antes del cierre del local, le solicitó a un cliente desconocido la devolución de los envases de cerveza que había consumido. Lejos de acceder, el hombre reaccionó con una patada en la cara que le reventó el lente de contacto a Polanía. Al intentar ponerse de pie para defenderse, recibió una lluvia de puñetazos en todo el cuerpo. En cuestión de segundos, el agresor sacó un cuchillo y le propinó seis puñaladas, dos de las cuales alcanzaron una arteria en el antebrazo izquierdo y tres más en los dedos. La víctima debió ser hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos y sometida a dos cirugías de emergencia: una vascular para reparar la arteria dañada y otra quirúrgica para tratar las heridas en los dedos.
El ataque, que según relató el propio Polanía ocurrió sin mediar más provocación que el reclamo de los envases, ha dejado al descubierto una paradoja judicial: a pesar de que el bar cuenta con grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron con claridad el rostro del agresor, la Policía y la Fiscalía exigen el nombre y el número de cédula del victimario para tramitar la denuncia. “Yo no conozco a la persona que me agredió, él nunca había ido al bar. La gente dice que nunca lo habían visto. Voy a interponer la denuncia y me piden el nombre y cédula de la persona, no tengo de dónde sacarla”, explicó Polanía, visiblemente frustrado. Familiares y allegados han solicitado a las autoridades que inicien una investigación de oficio con base en los videos, recurriendo a reconocimiento facial o a labores de vecindario para identificar al agresor.
Violencia en ascenso en Bogotá
El caso de Jeisson Polanía no es un hecho aislado. Según datos del Observatorio de Seguridad de la capital, durante el primer bimestre de 2026 las lesiones personales aumentaron un 29,1% en comparación con el mismo período de 2025. La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, ha señalado que “hoy Bogotá es más violenta que hace un año. Los ciudadanos no solo enfrentan inseguridad, sino agresiones constantes en sus propios barrios, sin que exista una respuesta clara y contundente por parte del Distrito”. Diago también criticó duramente el programa de “gestores del orden”, al que la administración distrital destina más de 66.000 millones de pesos anuales para contratar alrededor de 1.700 personas. “Mientras la administración tiene previsto destinar más de 50.000 millones a esta iniciativa, los resultados son inexistentes. Hoy las cifras demuestran que no han servido para resolver los problemas de convivencia, y por el contrario, la violencia sigue creciendo en toda la ciudad”, afirmó la concejal.
Los ataques, según las estadísticas, se concentran especialmente los sábados por la noche y los domingos en la madrugada, horario en el que se registra el 12,3% de las agresiones. Las localidades más afectadas son Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar. En el caso concreto de Bosa, la víctima espera que la difusión de su historia en los medios de comunicación permita dar con el paradero del agresor, para que responda por el delito de lesiones personales o, eventualmente, por tentativa de homicidio.
“Solamente por pedir el envase de vuelta, esta persona me pega una patada en la cara. Se me estalla el lente de contacto. Me paro y trato de reaccionar, ahí es cuando me agarra a puños en todo el cuerpo. Todo fue en cuestión de segundos, yo me paré, reaccioné y me propinó puñaladas. Lo que quiero en este momento es que esto no quede impune y que él se haga responsable de todo lo que me hizo”.
Jeisson Polanía, administrador del bar y víctima del ataque
Mientras la administración distrital defiende su programa de gestores del orden y la Fiscalía mantiene la exigencia de datos personales para recibir denuncias, casos como el de Polanía evidencian las brechas entre la realidad de la inseguridad en los barrios y la capacidad de respuesta de las instituciones. La víctima, que ya fue dada de alta pero continúa en recuperación, solo espera que la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad permita que se haga justicia y que ningún otro ciudadano tenga que pasar por una situación similar por un simple reclamo de envases de cerveza.
