La representante a la Cámara Carolina Arbeláez cuestionó duramente los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, recogidos por la Revista Semana, en los que califica de “estafa delictiva” la fijación de precios de Vivienda de Interés Social (VIS) por parte del sector constructor. Arbeláez advirtió que estas declaraciones generan miedo, incertidumbre y desconfianza, con graves impactos en el empleo y la inversión en un sector clave para la economía.
Los precios de la VIS están regulados por normativa legal y el Plan Nacional de Desarrollo, indexados al salario mínimo como topes máximos, que para 2026 ascenderá a dos millones de pesos. Sin embargo, los señalamientos oficiales han coincidido con una caída superior al 40% en las ventas de vivienda nueva, una informalidad laboral del 70% en la construcción según el DANE, y la cancelación del programa Mi Casa Ya, que dejó afectadas a más de 24.000 familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y procesos avanzados en 2025.
Consecuencias en empleo e inversión
El incremento del salario mínimo incide directamente en los costos de insumos, mano de obra y procesos administrativos, lo que reduce el número de proyectos habitacionales y licencias de construcción, pese a los anuncios gubernamentales de una “revolución de la vivienda”. Arbeláez enfatizó que estos pronunciamientos oficiales están frenando la inversión y los proyectos habitacionales, afectando un sector que históricamente ha sido motor de crecimiento económico y generación de empleo en el país.
«Familias con créditos aprobados, ahorros comprometidos y procesos avanzados tuvieron que desistir»
Carolina Arbeláez, representante a la Cámara
La crítica de Arbeláez pone en evidencia la tensión entre las políticas del Gobierno y las dinámicas del sector constructor, en un momento en que Colombia necesita impulsar el acceso a la vivienda digna sin desestabilizar un pilar fundamental de su desarrollo económico.
