La Procuraduría General de la Nación archivó definitivamente la investigación disciplinaria que se adelantaba contra Uriel Gómez Grisales, contralor auxiliar de la Contraloría Distrital de Medellín, por un presunto conflicto de intereses en la auditoría de la caja menor del despacho del exalcalde Daniel Quintero. Mediante el Auto No. 1134 del 9 de agosto de 2024, actualizado en su boletín el 4 de diciembre de 2025, la Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburra determinó que no existió falta disciplinaria ni elementos constitutivos de conflicto de intereses en el desempeño del funcionario. Gómez Grisales había sido denunciado por haber ocupado el cargo de subdirector administrativo y financiero del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, Isvimed, entre enero y septiembre de 2020, y posteriormente, al posesionarse en la Contraloría de Medellín en mayo de 2022, no declaró el posible conflicto de intereses al auditar la misma administración distrital de la que había hecho parte, luego de haber pasado por cuatro roles sin realizar dicha declaración.
No obstante, la investigación contra Gloria Patricia Agudelo, pagadora de la caja menor de la Alcaldía de Medellín, continúa su curso por el incumplimiento reiterado de citaciones y un incremento patrimonial que no ha sido explicado. La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle de Aburrá supervisará las conductas para determinar si son constitutivas de falta disciplinaria. Agudelo ha presentado excusas médicas para no asistir a las citaciones del Concejo Municipal, alegando «altos estados de estrés y alteración emocional» derivados de su situación laboral, pero ha incumplido en seis oportunidades los llamados del organismo de control.
Detrimento patrimonial y hallazgos de la Contraloría
La investigación se originó por presuntos malos manejos en el fondo fijo reembolsable, conocido como caja menor, del despacho del exalcalde Daniel Quintero durante el período 2020-2023. La Contraloría Distrital de Medellín determinó un detrimento patrimonial de al menos 117 millones de pesos tras revisar los gastos del Fondo Fijo desde 2022 hasta mediados de 2023, que incluían erogaciones en restaurantes, floristerías y mercados. En ese contexto, Gómez Grisales fue señalado por concejales de no poseer la experiencia necesaria para la auditoría y de realizar indagaciones superficiales, sin revisar los soportes físicos correspondientes.
El caso de Gloria Patricia Agudelo presenta elementos adicionales que llaman la atención de las autoridades. Según el registro de la Supernotariado, Agudelo adquirió dos bienes adicionales en la urbanización “Rodeo Verde”, así como un tercer inmueble en el barrio “Los Colores” con su respectivo parqueadero. Además, en los últimos dos años, la pagadora adquirió una camioneta Nissan Kicks y un apartamento, incrementos patrimoniales que no han sido justificados ante la Procuraduría. Cabe recordar que el exsecretario privado de Daniel Quintero, Juan David Duque, ya fue destituido por presuntos malos manejos relacionados con estos mismos fondos.
«La Procuraduría General de la Nación ordenó la terminación y archivo definitivo de la investigación disciplinaria adelantada contra Uriel Gómez Grisales, contralor auxiliar de la Contraloría Distrital de Medellín, tras concluir que no existió conflicto de intereses ni elementos constitutivos de falta disciplinaria.»
Oficina de prensa de la Procuraduría General de la Nación, comunicado actualizado el 4 de diciembre de 2025
«El contralor auxiliar, Uriel Gómez Grisales, fue denunciado porque a pesar de haberse desempeñado como subdirector administrativo y financiero del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, entre enero y septiembre de 2020, al posesionarse en la Contraloría de Medellín, en mayo de 2022, ya había pasado por cuatro roles sin declarar el conflicto de intereses al que estaría expuesto, por haber sido funcionario de la administración distrital de Medellín, y ahora, estar auditándola.»
Comunicación de la Procuraduría
El archivo de la investigación para Gómez Grisales representa un cierre en uno de los frentes de las pesquisas sobre la caja menor de la administración Quintero, mientras que la sombra de las irregularidades sigue pesando sobre Agudelo, quien deberá responder por los señalamientos de incremento patrimonial no justificado y por su constante ausencia ante los llamados del Concejo Municipal. La Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburra permanecerá atenta al desarrollo de las actuaciones para determinar si las conductas de la pagadora constituyen falta disciplinaria.
