El Congreso de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de ley “Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar)”, una iniciativa del representante Gabriel Becerra que modifica el proceso penal para permitir a la Armada Nacional permanecer hasta 45 días en altamar tras una captura sin necesidad de regresar a puerto. La votación, ocurrida el 25 de mayo, otorga facultades temporales de policía judicial a los guardacostas, lo que les permitirá completar sus misiones de control y soberanía marítima sin interrupciones.
Hasta ahora, cuando una unidad de la Armada interceptaba una embarcación y hallaba indicios de delitos como narcotráfico, pesca ilegal o trata de personas, los agentes estaban obligados a retornar a tierra para legalizar la captura, lo que limitaba la continuidad de las operaciones y generaba demoras que en muchos casos llevaban a la liberación de procesados por superar los límites de tiempo entre detención y legalización. Con la nueva ley, las unidades de guardacostas y buques no interrumpirán sus misiones, y el proceso penal se desarrollará mediante herramientas tecnológicas que garantizan el debido proceso en altamar.
Facultades extraordinarias para la Armada
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que “aunque la Armada capture a delincuentes en áreas marítimas no tendrá que interrumpir de manera inmediata sus misiones para regresar a puerto por el habeas corpus de 36 horas, por el contrario, le brinda facultades de policía judicial a los guardacostas”. La ley Peimar se integra al proceso penal ordinario de la Ley 906, y establece un plazo máximo de 45 días para que los buques permanezcan en altamar después de una interdicción, un tiempo que está por debajo de su capacidad real de almacenamiento de víveres y agua, estimada en 90 días.
“Hasta ahora, al interceptar una embarcación y hallar indicios de delitos como narcotráfico, pesca ilegal o trata de personas, los agentes estaban obligados a retornar a tierra, lo que facilitaba estrategias de distracción utilizadas por grupos armados, que enviaban embarcaciones señuelo con pequeñas cantidades de droga para distraer a las autoridades y permitir el paso de cargamentos mayores”
Fuente militar citada por Infobae Colombia
Precisamente, una de las principales motivaciones de la ley es contrarrestar esas estrategias de distracción, en las que grupos armados utilizan embarcaciones señuelo con pequeñas cantidades de droga para desviar la atención de las autoridades y permitir el tránsito de cargamentos mayores hacia rutas internacionales. La Armada estima que las incautaciones marítimas podrían aumentar hasta en un 40% durante el segundo semestre del año, afectando las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, Europa, Asia y Oceanía. Cabe recordar que Colombia incautó 200 toneladas de cocaína durante 2026, según cifras oficiales, y con la nueva herramienta legal se espera un incremento significativo en la efectividad de los operativos.
El proyecto de ley, impulsado por el representante Gabriel Becerra, fue diseñado para hacer más eficaz a la Armada sin incumplir estándares internacionales, y regula actuaciones contra delitos como narcotráfico, pesca ilegal y trata de personas en zonas marítimas. Se prevé que el presidente Gustavo Petro firme la ley antes de la segunda vuelta presidencial, dándole rango de norma definitiva para fortalecer la soberanía y el control en los mares colombianos.
