Arranca negociación del salario mínimo 2027 con posible alza del 8%

Compartir en redes sociales

La discusión del salario mínimo para 2027 en Colombia dio inicio oficial con la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que tuvo lugar el 1 de octubre en Bogotá. En medio de un panorama marcado por la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, la proyección que se perfila con más fuerza es un incremento del 8% frente al salario actual de 1.750.905 pesos mensuales. Si se materializa esa cifra, el nuevo salario mínimo quedaría en 1.890.977 pesos mensuales, es decir, 63.032,56 pesos diarios. La mesa de concertación, integrada por representantes del Gobierno nacional, los sindicatos –con la CUT a la cabeza– y los gremios empresariales como la Andi, Fenalco y Acopi, tiene plazo hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo; si no lo logra, el presidente podría fijar el valor por decreto el 30 de diciembre.

Las posturas iniciales son antagónicas. Mientras que el sector empresarial propone un ajuste de entre el 8% y el 12%, la Central Unitaria de Trabajadores, en voz de su presidente Fabio Arias, exige un incremento del 38,5% con base en el salario vital propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, lo que elevaría el ingreso mensual a 2.424.003 pesos. La inflación anual a septiembre de 2026 se ubicó en 6,29%, y el Dane entregará el indicador de productividad el 18 de noviembre, dato que resulta clave para la fórmula de aumento. Los sindicatos argumentan que el salario actual no cubre las necesidades básicas de los 2,4 millones de trabajadores que ganan el mínimo, mientras que los empresarios advierten que un alza desmedida afectaría la competitividad y la formalización laboral en un contexto de incertidumbre económica.

El efecto oculto de la jornada reducida

Este año la negociación tiene un componente adicional que complejiza los cálculos: la reducción de la jornada laboral máxima de 48 a 42 horas semanales, vigente por la reforma laboral. Al disminuir el divisor con el que se calcula el valor de la hora ordinaria, el costo unitario del trabajo se incrementa sin que el salario mensual se modifique. Las empresas ya comenzaron a ajustar sus nóminas, horas extras y recargos nocturnos, un escenario que la firma GeoVictoria Colombia, dedicada al control de asistencia, ha monitoreado de cerca. Su country manager, Valeria Díaz, señaló que el principal reto para las organizaciones en la actualidad no es únicamente registrar la asistencia, sino contar con información confiable que respalde cada cálculo de nómina y permita demostrar el cumplimiento de la normativa laboral. Agregó que la trazabilidad se ha convertido en un activo estratégico para reducir riesgos y tomar mejores decisiones.

«Hoy el principal reto para las organizaciones ya no es únicamente registrar la asistencia de sus colaboradores, sino contar con información confiable que respalde cada cálculo de nómina y permita demostrar el cumplimiento de la normativa laboral. La trazabilidad se convierte en un activo estratégico para reducir riesgos y tomar mejores decisiones»

Valeria Díaz, country manager de GeoVictoria Colombia

Más allá del debate de cifras, la concertación de este año tiene fechas atípicas: la instalación formal de la mesa está prevista para el viernes 18 de noviembre, más temprano de lo habitual, precisamente para que el Dane pueda presentar ese mismo día el dato de productividad. El salario integral, modalidad regulada por la Ley 50 de 1990 para altos cargos, también se vería afectado indirectamente, pues su base de cálculo son 10 salarios mínimos, que en 2026 equivalen a 22.761.765 pesos mensuales. Con un aumento del 8%, el piso del salario integral treparía hasta aproximadamente 24.585.000 pesos mensuales.

La Comisión Permanente de Concertación, creada por la Ley 278 de 1996, tiene la responsabilidad de fijar el salario mínimo cada año. Si no logra un consenso antes del 15 de diciembre, el Gobierno nacional queda facultado para definirlo por decreto el 30 de diciembre. Este año, la reducción de la jornada laboral se suma como un factor estructural que las partes deberán considerar al discutir no solo el monto del salario, sino también las condiciones que garanticen la sostenibilidad del empleo formal. El pulso entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la competitividad empresarial marcará el tono de una negociación que empezó con proyecciones del 8%, pero que podría tomar rumbos distintos a medida que se conozcan los indicadores económicos de las próximas semanas.

Sigue leyendo