Este martes se instaló formalmente la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el escenario tripartito donde Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales iniciaron la negociación del aumento del salario mínimo que regirá en Colombia desde el 1 de enero de 2027. La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, lideró la apertura de la mesa, en la que los empresarios plantearon de manera preliminar un incremento de entre el 8% y el 9,5%, tomando como base la inflación anual de septiembre de 2026 (6,29% según el Dane) y los indicadores de productividad. La próxima reunión quedó fijada para el martes 13 de octubre, y se espera que la decisión final se conozca hacia finales de noviembre o principios de diciembre, cuando se incorporen los datos de cierre de inflación, crecimiento y empleo.
La discusión de este año se desarrolla en un contexto económico marcado por la desaceleración y la persistente presión inflacionaria. El crecimiento del primer semestre fue de 2,9% anual, pero tanto el FMI como el Banco Mundial revisaron a la baja sus proyecciones para Colombia: el primero pasó de 2,6% a 2,5%, y el segundo de 2,6% a 2,3%. Además, la tasa de intervención del Banco de la República subió 300 puntos básicos desde 2025, ubicándose en 12,25%, lo que encarece el crédito y frena la actividad productiva. A esto se suma que la inflación proyectada para el cierre de 2026 es del 7%, un nivel que sigue golpeando el bolsillo de los hogares. En este escenario, la concertación busca equilibrar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores con los costos que enfrentan las empresas.
Un aumento que debe responder a la ley y a la realidad económica
El salario mínimo vigente en 2026 es de 1.750.905 pesos como asignación básica, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, para un total cercano a los dos millones de pesos. Este monto fue fijado con un incremento del 23,7% bajo el concepto de «salario vital», una decisión que Fenalco demandó ante el Consejo de Estado por nulidad. El Gobierno aclara que el salario no ha sido reducido mientras se resuelve la demanda, pero la incertidumbre jurídica ronda la negociación del próximo año. De hecho, son 2,4 millones de trabajadores los que reciben exactamente el mínimo, mientras que 11,3 millones devengan menos de esa cifra, lo que refleja la profunda desigualdad que el aumento debe atender.
Frente a la propuesta empresarial de entre 8% y 9,5%, el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, plantea una lectura técnica y legal. En diálogo con este medio, señaló que aplicando estrictamente la ley, que ordena tener en cuenta inflación y productividad, el aumento debería ser del 8,5%. Sin embargo, considera que los factores de negociación, como el crecimiento de las remesas (que se proyectan en 13.500 millones de dólares para 2026) y el dinamismo de las exportaciones, podrían llevar el incremento a un rango entre el 9,5% y el 10%. Aunque admite que los trabajadores podrían pedir un aumento cercano al 15%, cree que el Gobierno no debería aceptar dos dígitos si quiere mantener la estabilidad macroeconómica.
«Desde el punto de vista técnico y legal, aplicando estrictamente la ley, el aumento del salario mínimo debería ser del 8,5%».
Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario
Uno de los puntos más sensibles en esta negociación es el auxilio de transporte. Daniel Bernal, socio director de Moore Colombia, advierte que si ese componente no sube en la misma proporción que el salario básico, el impacto real en el bolsillo de los trabajadores puede ser menor. Para dar una idea, simuló un aumento del 8%: el básico quedaría en 1.890.977 pesos y el auxilio en 269.023 pesos, totalizando 2.160.000 pesos. Tras descontar los aportes a salud y pensión, el ingreso neto mensual sería de 1.997.720 pesos, es decir, 148.794 pesos más que en 2026. Pero si el auxilio de transporte también creciera al 8%, sumaría 19.928 pesos adicionales cada mes.
«Si el transporte absorbe buena parte de la mejora, la familia siente que recibió menos. El auxilio merece una discusión propia, ligada al costo de llegar al trabajo».
Daniel Bernal, socio director de Moore Colombia
Bernal también subraya que el impacto del aumento no es uniforme entre sectores. «La misma decisión puede ser manejable para una oficina y mucho más exigente para un negocio que abre todos los domingos. Negociar exige conocer esa diferencia», afirmó. Y es que, según la Ley 2466 de 2025, desde el 1 de julio de 2027 el recargo por trabajo dominical y festivo subirá del 90% al 100% de la hora ordinaria, un cambio que encarece la operación de comercios y restaurantes. Un ejemplo: un restaurante con 30 empleados que ganen el mínimo y que trabajen cuatro turnos mensuales de ocho horas en domingos o festivos, tendrá que desembolsar 1.440.000 pesos adicionales al mes solo por ese concepto, sin contar el aumento salarial.
Aunque los cálculos de Moore Colombia no constituyen una propuesta formal, sirven para dimensionar el desafío que enfrenta la comisión. El desenlace dependerá de la inflación de diciembre y de los datos de productividad que se conocerán a finales de noviembre. Los analistas coinciden en que será una negociación compleja, pues el gobierno busca reactivar la economía sin disparar los costos laborales, mientras los trabajadores exigen recuperar el poder de compra perdido y los empresarios piden mesura para no ahogar la generación de empleo. La expectativa está puesta en la próxima sesión del 13 de octubre, cuando las partes presenten sus argumentos técnicos y den paso a un proceso que, como siempre, cerrará con el decreto presidencial que fija el nuevo mínimo.
