La Asamblea Departamental de Antioquia encendió las alarmas al exigir, de manera urgente, acciones concretas del Gobierno Nacional para intervenir el tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá. El pronunciamiento se da en medio de un escenario de avanzado deterioro de la malla vial y una crisis de accidentalidad que mantiene en vilo a los habitantes y conductores de la región. El diputado José Luis Noreña lideró el llamado, respaldado por el senador Esteban Quintero, el gobernador Andrés Julián Rendón y representantes del sector productivo como Juan Camilo Aguirre, director de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, todos coincidiendo en que el corredor, arteria vital entre las dos principales ciudades del país, no puede seguir siendo un «monumento a la desidia».
El tramo en cuestión, de 135 kilómetros que conectan los municipios de El Santuario, Cocorná, San Luis y Puerto Triunfo, registra un tráfico diario de aproximadamente 4.500 vehículos. Sin embargo, las cifras de inversión contrastan de manera dramática con el recaudo. Según el diputado Noreña, mientras por peajes se recolectan unos 120.000 millones de pesos al año, la inversión en el mantenimiento del tramo apenas oscila entre los 10.000 y los 20.000 millones anuales. «Ahí viene el gran problema. Al tramo de El Santuario-Caño Alegre solo le invierten de 10.000 millones a 20.000 millones al año. Entonces, nos preguntamos: ¿dónde está el resto de la plata?», denunció Noreña, quien además señaló que el resto de la ruta permaneció bajo concesión de Devimed hasta el 1 de agosto de 2026, pero que el sector en deterioro fue devuelto a la Nación desde 2019, generando un limbo administrativo.
La discrepancia sobre la concesión y el recaudo de peajes
Las versiones sobre la operación del corredor generan confusión. Mientras unos afirman que la concesión de Devimed no cubría este segmento, el senador Esteban Quintero advirtió que la ley vigente exige destinar al menos el 50 por ciento del recaudo de peajes al mantenimiento del mismo corredor, lo que no se estaría cumpliendo. «Eso hace que se esté incumpliendo con la ley, que dice que, por lo menos, el 50 % debe estar destinado al mantenimiento. Y una vez la vía ya esté en óptimas condiciones, ahí sí la plata podría ir a otros corredores», explicó Quintero, quien reveló que no se han invertido siquiera 250.000 millones de pesos en modernización o mantenimiento de la carretera en los últimos años. Como agravante, el senador apuntó que Invías justificó la asignación parcial del recaudo argumentando que los recursos se destinaban a otras carreteras, entre ellas las del Chocó. «Sin embargo, las vías del Chocó siguen iguales o peores, y la autopista Medellín-Bogotá», sentenció.
Proyecto de ley y alternativas para salvar el corredor
Frente a la crisis, se han planteado dos alternativas técnicas: el traspaso del tramo a la administración departamental de Antioquia o la creación de una nueva concesión que garantice los recursos. El gobernador Andrés Julián Rendón ya había solicitado que varias carreteras nacionales pasen a manos de la región para asumir su mantenimiento, una opción que gana fuerza ante la inacción de la Nación. Paralelamente, el senador Quintero impulsa un proyecto de ley que busca que el 100 por ciento del recaudo de los peajes se invierta en el mismo corredor vial, una iniciativa que superó una proposición de archivo y que, de aprobarse, alcanzaría a todas las vías del país. «Es decir, esos peajes no se están cobrando. Entonces, tampoco se está recibiendo dinero», agregó Quintero, en referencia a las protestas de habitantes de la zona que han tomado los peajes y levantan las talanqueras cuando los conductores intentan pagar, lo que reduce aún más los ingresos para el mantenimiento.
El llamado de los habitantes y el sector productivo
La solicitud de la Asamblea incluye además la atención técnica prioritaria en los puntos de mayor riesgo, la supervisión de acuerdos previos para pavimentación integral, la revisión de las tarifas de los peajes locales, la construcción de doble calzada y mayores controles de velocidad. Juan Camilo Aguirre, director de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, resaltó el impacto económico de la vía para la región. «Una carretera en buen estado permite el traslado de cosechas, la recepción de insumos y el turismo», señaló, al tiempo que pidió priorizar las zonas escolares para evitar más tragedias. El corredor es determinante no solo para la conectividad interna, sino para el funcionamiento del puerto de Urabá, cuya operación total está prevista para finales de este año, lo que añade una urgencia estratégica a la necesidad de una intervención inmediata que ponga fin a lo que conductores y habitantes califican como un «calvario».
