La Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) presentó este viernes 13 de marzo una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra el Decreto Legislativo 0173 de 2026, expedido el 24 de febrero de ese año por el Ministerio de Hacienda, que impone un impuesto al patrimonio a las universidades privadas con un patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos. Esta acción legal, interpuesta mediante un recurso de intervención ciudadana y revelada por el diario El Tiempo, busca declarar inexequible la norma que afecta directamente a más de 1,2 millones de estudiantes en el país.
Las universidades privadas argumentan que el impuesto compromete sus recursos destinados a la educación superior, amenaza su sostenibilidad financiera y vulnera su autonomía, especialmente porque destinan su patrimonio a infraestructura y servicios educativos esenciales. Alegan además que la medida contraviene principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva, generando inconformidades que han derivado en disputas legales resueltas históricamente por la Corte Constitucional.
Posibles repercusiones en el acceso a la educación
Entre las preocupaciones más destacadas está el riesgo de que el decreto eleve los costos de las matrículas, reduzca la oferta de becas y dificulte el acceso a la educación superior para miles de jóvenes colombianos. Ascún solicitó además una medida de suspensión provisional del impuesto mientras se resuelve el fondo del asunto, en un esfuerzo por proteger la continuidad de las instituciones sin ánimo de lucro.
“constituye una interferencia directa en su autonomía financiera”
Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), en su intervención ciudadana
Esta demanda representa un nuevo capítulo en las tensiones entre el sector educativo privado y las políticas fiscales del Gobierno, donde la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre el futuro financiero de las universidades y su impacto en la formación de profesionales en Colombia.
