En un nuevo hecho que genera profunda conmoción en la comunidad rural de Florida, Valle del Cauca, fue asesinado Álvaro Marín Galeano, reconocido líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Negros, coordinador de la Guardia Campesina en ese municipio e integrante de la Asociación Campesina de Florida y del proceso de unidad popular. El crimen ocurrió en esa vereda, sumándose al contexto de violencia persistente contra líderes sociales en zonas rurales del país, lo que ha llevado a la Alcaldía Municipal de Florida a emitir un pronunciamiento exigiendo el esclarecimiento inmediato de los hechos para evitar cualquier atisbo de impunidad.
Marín Galeano se destacaba por su incansable defensa de los derechos campesinos, el territorio y la organización comunitaria, roles que lo posicionaban como una figura clave en la región. La Alcaldía expresó su solidaridad con la familia y la comunidad, urgiendo a las autoridades competentes a avanzar en la investigación con celeridad, en medio de un impacto que se siente con fuerza en las organizaciones campesinas e habitantes de Florida, quienes esperan resultados concretos para recuperar la confianza en el sistema judicial.
Cifras que evidencian la magnitud de la crisis
Desde la firma del Acuerdo de Paz, Colombia ha registrado el asesinato de 1.921 líderes sociales en 31 de los 32 departamentos del país, con 187 homicidios el año pasado y 165 casos en 2021. En lo que va del primer trimestre de 2026, se reportaron 14 homicidios solo en febrero, de los cuales el 86 por ciento de las víctimas fueron hombres. En este período, Antioquia acumuló siete casos y Cauca cuatro, reflejando la concentración de la violencia en regiones como el Valle del Cauca.
Preocupación generalizada por la vulnerabilidad de los líderes
La persistencia de estos ataques afecta no solo a líderes comunales y políticos, sino también a ambientalistas, campesinos y afrodescendientes, en un panorama agravado por la vulnerabilidad durante periodos electorales y en comunidades étnicas. Organismos como Indepaz, la Defensoría del Pueblo y la ONU han manifestado su profunda preocupación, llamando a fortalecer las medidas de protección y a desmantelar las estructuras que perpetúan esta ola de violencia contra defensores de derechos humanos en el campo colombiano.
