La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) calificó de “desbordado” el aumento del 23,7 por ciento al salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro el lunes 29 de diciembre de 2025, al argumentar que este incremento fomentará la informalidad laboral en el país. En la misma línea, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) advirtió sobre riesgos graves para el empleo formal y las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), criticando la decisión tomada por decreto presidencial sin concertación previa en la Comisión de Concertación ni respaldo en la Ley 278. El nuevo salario mínimo base asciende a 1.746.880 pesos, más un auxilio de transporte que lo lleva a un total de 2 millones de pesos, representando un ajuste del 22,7 por ciento solo en la base salarial.
Ambas entidades basaron sus pronunciamientos en datos del Dane, que revelan que de los 11,4 millones de ocupados con ingresos inferiores al salario mínimo, equivalentes al 49 por ciento de la fuerza laboral, y 2,4 millones que perciben exactamente el salario mínimo, un 10 por ciento adicional. En 2025, se sumaron 1,2 millones de personas con ingresos por debajo del mínimo, mientras que 1,3 millones dejaron de percibirlo exactamente, evidenciando un deterioro en la calidad del empleo formal. Asobancaria estimó que este salto salarial podría generar una presión inflacionaria de entre 165 y 263 puntos básicos, con un impacto por cada punto porcentual excedente de entre 10 y 16 puntos básicos, lo que podría llevar al Banco de la República a elevar sus tasas de interés en el primer semestre de 2026.
Riesgos para la formalización y la viabilidad empresarial
AmCham destacó que el ajuste acumulado del salario mínimo entre 2022 y 2025 ya alcanza el 42 por ciento, superando la inflación del 30 por ciento en el mismo período, y que este nuevo incremento excede tanto la inflación proyectada como la productividad laboral, limitando la formalización y restringiendo el crédito, la inversión y el dinamismo económico. Según sus cálculos, el costo laboral total para el empleador ronda los 2,7 millones de pesos, de los cuales el empleado recibe neto cerca de 1,86 millones, afectando especialmente al 20 por ciento de los trabajadores formales que dependen del salario mínimo, mientras la mayoría de los informales no se verán beneficiados. La decisión, basada en el concepto de “ingreso vital” de la OIT en lugar del marco constitucional o el Código Sustantivo del Trabajo, introduce incertidumbre al imponerse por decreto sin sustento técnico ni legal sólido.
«calculado en términos reales para proteger el ingreso de las familias trabajadoras»
Gustavo Petro, presidente de la República
«El salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal»
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
En su comunicado del martes 30 de diciembre, Asobancaria subrayó que este desbordado aumento, anunciado el día anterior por Petro y respaldado por AmCham en su propio pronunciamiento del 29 de diciembre, podría paradójicamente dañar a los hogares que busca respaldar, al presionar la inflación, erosionar la continuidad de las compañías y agravar la informalidad.
«en ese contexto, un incremento del 23%, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar»
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
«convertir ese concepto en criterio central por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, introduce incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores»
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
Finalmente, AmCham concluyó que decisiones salariales sin base técnica y legal pueden sonar justas en el corto plazo, pero a mediano generar más informalidad, mayor presión fiscal y menos oportunidades para los trabajadores que se pretende proteger, en un contexto de creciente deterioro en la calidad del empleo formal en Colombia.
«decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger»
Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham)
