La Asociación de Bares de Colombia, Asobares, rechazó enfáticamente el posible incremento de impuestos a licores que impulsaría el Gobierno nacional mediante un decreto de emergencia económica, conocido como Decreto 1390, promovido por el presidente Gustavo Petro. En un comunicado oficial, el gremio advirtió que esta medida profundizaría las dificultades que enfrenta el sector tras la pandemia de covid-19, agravadas por altos costos laborales y de arrendamiento, lo que podría generar una caída en las ventas legales, un auge del contrabando y la adulteración de bebidas, y la pérdida masiva de empleos en la economía nocturna, que genera 1,6 millones de puestos directos e indirectos en el país.
El rechazo de Asobares se suma a un coro de críticas de otros gremios como la Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional, que cuestionan la constitucionalidad del decreto y advierten que el aumento impositivo no garantizaría mayor recaudo, sino que introduciría incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas. Según la Andi, este decreto representaría 16 billones de pesos en impuestos que el Congreso no aprobó por diversas razones, afectando especialmente a jóvenes y mujeres en el sector de bares y discotecas, que proponen en su lugar un diálogo con los actores productivos para buscar soluciones viables.
Gremios denuncian abuso y falta de base constitucional
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, fue contundente al afirmar que ninguna de las razones invocadas en el decreto de emergencia económica se ajusta a lo indicado por la Constitución para decretarla, configurando un caso flagrante de abuso del derecho por parte de los funcionarios del Gobierno nacional. Por su parte, Fenalco expresó que resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo, subrayando que el bolsillo de los colombianos no aguanta más.
“El regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas”
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Camacol, por su lado, argumentó que la crisis fiscal no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas desde hace tiempo, lo que genera inestabilidad en las normas económicas. En la misma línea, el Consejo Gremial Nacional declaró que es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica, y solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto.
“Ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla”
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Estos pronunciamientos reflejan la preocupación generalizada del sector productivo ante reformas recientes y los desafíos acumulados, instando al Gobierno a reconsiderar una medida que podría agravar la informalidad y el desempleo en un momento clave para la reactivación económica de Colombia.
