La Asociación de Bares de Colombia, Asobares, rechazó enfáticamente el posible incremento de impuestos a licores que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, impulsaría mediante un decreto de emergencia económica. En un comunicado oficial, el gremio advirtió sobre los graves impactos que esta medida tendría en el empleo formal, las ventas legales y la economía nocturna del país, al tiempo que alertó sobre el riesgo de un aumento en el contrabando y la adulteración de bebidas.
La economía nocturna, estrechamente vinculada al turismo, la oferta cultural y la gastronomía, genera alrededor de 1,6 millones de empleos directos e indirectos, muchos de ellos ocupados por jóvenes y mujeres. Sectores ya golpeados por la pandemia, el alza en costos laborales, arrendamientos y diversas reformas ahora enfrentan esta nueva amenaza, según Asobares, que ve en el decreto una carga insostenible para el bolsillo de los colombianos.
Gremios unidos en contra del decreto
El rechazo se extiende a otros gremios empresariales como la Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional, que critican el Decreto 1390 por carecer de justificación constitucional. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, denunció que ninguna de las razones invocadas en el decreto cumple con los requisitos establecidos en la Carta Magna para declararlo, configurando un abuso flagrante del derecho por parte de los funcionarios gubernamentales. Además, calificó la medida como el regalo de Navidad del Gobierno: 16 billones de impuestos que el Congreso no aprobó por múltiples causas.
“Resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo”
Fenalco
Por su parte, Fenalco enfatizó que el bolsillo de los colombianos no aguanta más, mientras Camacol argumentó que la medida no obedece a un hecho sobreviniente, imprevisible o extraordinario, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas, generando incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas. El Consejo Gremial Nacional fue tajante al afirmar que es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica.
“ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla”
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Frente a esta situación, Asobares y los gremios proponen abrir un espacio de diálogo con los actores productivos para explorar alternativas fiscales que no comprometan la reactivación económica ni el empleo. La vehemencia de estas voces resalta la tensión entre el Gobierno y el sector privado en un momento clave para la estabilidad fiscal de Colombia.
