La Asociación de Bares de Colombia (Asobares) rechazó enfáticamente el posible incremento de impuestos a licores que impulsaría el Gobierno nacional a través del Decreto de Emergencia Económica 1390, promovido por el presidente Gustavo Petro. En un comunicado oficial, el gremio advirtió que esta medida agravaría las dificultades que enfrenta el sector tras la pandemia, con costos laborales elevados, arrendamientos altos y reformas laborales pendientes, lo que podría generar una caída en las ventas legales, un auge del contrabando y la adulteración de bebidas, así como la pérdida masiva de empleos formales en la economía nocturna.
Este sector, vital para el turismo, la oferta cultural y la gastronomía en Colombia, sostiene alrededor de 1,6 millones de empleos directos e indirectos, muchos de ellos ocupados por jóvenes y mujeres. Asobares destacó que el decreto afectaría directamente a bares, discotecas, gastrobares y restaurantes, profundizando la crisis en un momento en que el bolsillo de los colombianos ya no resiste más cargas fiscales. Según la Andi, esta iniciativa representaría 16 billones de pesos en impuestos adicionales, equivalentes a un «regalo de Navidad» no aprobado por el Congreso.
Rechazo unánime de los gremios empresariales
El malestar no se limita a Asobares; otros grandes gremios como la Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional expresaron profunda preocupación por el decreto, argumentando que no cumple con los requisitos constitucionales para declararse una emergencia económica, ya que responde a problemas estructurales conocidos y no a hechos sobrevinientes, imprevisibles o extraordinarios. Estos sectores advierten que la medida introduce incertidumbre en la estabilidad de las reglas económicas y configura un abuso del derecho por parte del Gobierno.
«El regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos serán 16 billones de impuestos. Los que el Congreso no aprobó por múltiples causas.»
Bruce Mac Master, presidente de Andi
«Ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla.»
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Fenalco cuestionó la eficiencia del gasto público en medio de escándalos constantes, mientras que Camacol enfatizó que la crisis fiscal es un problema debatido desde hace tiempo. Por su parte, el Consejo Gremial Nacional solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto, al considerar evidente la inexistencia de los requerimientos legales para su aprobación. Ante esta situación, Asobares propuso abrir un diálogo con todos los actores productivos para buscar alternativas viables que eviten mayores perjuicios a la economía nacional.
