La Asociación de Bares de Colombia, Asobares, rechazó enfáticamente el posible incremento de impuestos a licores impulsado mediante el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional, alertando sobre graves impactos negativos en el empleo formal y la economía nocturna del país. En un comunicado oficial, la entidad llamó al diálogo con el Ejecutivo, argumentando que esta medida profundizaría las dificultades que enfrenta el sector tras la pandemia, agravadas por altos costos laborales, arrendamientos y las recientes reformas.
La economía nocturna, estrechamente vinculada al turismo, la oferta cultural y la gastronomía, genera alrededor de 1,6 millones de empleos directos e indirectos, según datos del sector. Asobares advirtió que el aumento impositivo podría provocar una caída en las ventas legales, estimular el contrabando y la adulteración de licores, y poner en riesgo miles de puestos de trabajo, especialmente entre jóvenes y mujeres. Esta posición se suma a las críticas de otros gremios como Andi, Fenalco, Camacol y el Consejo Gremial Nacional, que también cuestionan la validez constitucional del Decreto 1390 impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, el cual busca recaudar impuestos no aprobados por el Congreso.
Gremios cuestionan la constitucionalidad del decreto
El presidente de Andi, Bruce Mac Master, fue uno de los voces más críticas, señalando que el decreto no cumple con los requisitos constitucionales para declararse una emergencia económica, ya que no responde a hechos sobrevinientes, imprevisibles o extraordinarios, sino a circunstancias estructurales conocidas y debatidas previamente. Además, Mac Master ironizó que este sería el «regalo de Navidad del Gobierno a los colombianos: 16 billones de impuestos que el Congreso no aprobó por múltiples causas», configurando un «flagrante abuso del derecho» por parte de los funcionarios nacionales.
«Ninguna de las razones invocadas dentro del decreto de emergencia económica son de las indicadas por la Constitución para poder decretarla».
Bruce Mac Master, presidente de Andi
Fenalco, por su parte, expresó que resulta difícil exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalos, subrayando que «el bolsillo de los colombianos no aguanta más» y que la medida imposibilitaría el control judicial oportuno. Camacol coincidió en que el decreto introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas, mientras el Consejo Gremial Nacional manifestó su «profunda preocupación» y afirmó que es «evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales» para esta declaratoria, solicitando a la Corte Constitucional su suspensión provisional.
«Resulta difícil entender cómo se pretende exigir mayores recursos a la ciudadanía cuando persisten serios cuestionamientos sobre la ejecución presupuestal, la eficiencia del gasto público y una gestión estatal marcada por escándalo tras escándalo».
Fenalco
En medio de este panorama, Asobares y los gremios unidos enfatizan la necesidad de un diálogo constructivo para evitar que medidas como esta, tomadas sin el aval legislativo, terminen afectando no solo a los empresarios del sector licorero y la noche, sino a la reactivación económica general de Colombia.
