La Asociación Colombiana de Blockchain (Asoblockchain) presentó al gobierno de Abelardo de la Espriella una hoja de ruta de 100 días para implementar esta tecnología en la contratación pública, con una primera prueba piloto enfocada en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) antes de que finalice 2026. La propuesta fue entregada una semana después de la posesión del mandatario, ocurrida en agosto de 2025, y busca modernizar procesos que durante 2025 movilizaron 174,8 billones de pesos. Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain, explicó que el plan contempla cinco decisiones previas que deben definirse antes del 15 de noviembre para integrar blockchain con las plataformas Secop II y Tienda Virtual del Estado.
El antecedente inmediato de esta iniciativa se remonta a 2020, cuando Colombia realizó una prueba de concepto con blockchain para seleccionar proveedores del PAE, impulsada por la Procuraduría, la Universidad Nacional, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, aquel proyecto no escaló a un sistema nacional, y la nueva propuesta debe explicar por qué fracasó y qué cambiaría seis años después. La hoja de ruta actual no tiene un costo calculado, pues Asoblockchain sostiene que no hace falta construir una red desde cero y que podrían aprovecharse recursos tecnológicos existentes. Aún quedan por definir aspectos clave como la integración con Secop, la red a utilizar, la seguridad y el soporte técnico.
Blockchain contra las irregularidades en el PAE
La propuesta pone especial énfasis en el PAE, que beneficia a entre 5,6 y 5,9 millones de niños y niñas en colegios públicos y cuyo presupuesto proyectado para 2026 asciende a 7,24 billones de pesos. El programa ha estado marcado por antecedentes de irregularidades, lo que lo convierte en un caso de uso prioritario para demostrar la transparencia que promete blockchain. Suárez subrayó que la primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, sino también política, y advirtió sobre los límites de la herramienta: si bien blockchain hace casi imposible cambiar un dato después de registrado, no impide que alguien reporte desde el principio un avance que no existe. En sus palabras, “decir que vuelve imposible cualquier cambio sería exagerado: pueden incorporarse correcciones y nuevas versiones, dependiendo del diseño”.
La contratación pública tramitada en Colombia durante 2025 alcanzó los 174,8 billones de pesos, de los cuales el 89,7% fue gestionado a través de Secop II y la Tienda Virtual del Estado. Herramientas como Helios, lanzada el 6 de agosto de 2025 por el Ministerio de Defensa, ya procesan información de Secop I y II para identificar patrones de riesgo. Según datos de esa plataforma, se analizaron 1.050.850 contratos de 4.056 entidades por un valor de 182,7 billones de pesos, aunque esta cifra no suma ni se compara directamente con el total de contratación pública, pues incluye registros de distintas fuentes. Helios busca detectar anomalías como contratos a un solo proveedor, municipios con alta pobreza pero contratos elevados, y proveedores con contratos superiores a su capacidad.
El contexto político de la propuesta
La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, con una agenda de reducción del gasto del Estado, crea un escenario propicio para propuestas de modernización como la de Asoblockchain. Sin embargo, el equipo de empalme ya radicó cuatro denuncias sobre procesos del gobierno anterior, entre ellas una relacionada con un acuerdo marco de ciberseguridad estimado en 300.000 millones de pesos, proceso que fue suspendido por 30 días por la Procuraduría ante 5.652 observaciones. Este contexto refuerza la necesidad de mayor transparencia en las compras públicas.
“La primera decisión del Gobierno no debe ser solo técnica, también es política”
Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain
La hoja de ruta de Asoblockchain medirá resultados con tres señales —aún no especificadas— y busca que blockchain se convierta en un estándar para la contratación pública colombiana. Si el gobierno de De la Espriella decide adoptarla, el piloto del PAE antes de diciembre de 2026 será la primera prueba de fuego para una tecnología que promete revolucionar la forma en que el Estado gasta los recursos de los colombianos.
